Analistas en seguridad coinciden en que existen cinco desafí­os para el Ministerio de Gobernación: la delincuencia común, el crimen organizado transnacional, el control territorial, el alcance de consensos y diálogo entre las instancias que velan por la seguridad y la justicia, y la clasificación de reos en el Sistema Penitenciario. Expertos en la materia ofrecen una visión sobre lo que consideran las acciones fundamentales para percibir los primeros resultados de peso en el corto, mediano y largo plazo, en el combate a la criminalidad.

La seguridad es uno de los temas más sensibles en el paí­s y por eso se constituyó en uno de los pilares del proyecto de gobierno del binomio presidencial de Otto Pérez Molina, que han ofrecido un “cambio” en este aspecto.

¿Por dónde empezar a enfrentar este problema? Expertos en materia de seguridad ofrecen sus puntos de vista sobre los cinco ejes principales que deberí­an marcar el rumbo de las polí­ticas de seguridad.

DELINCUENCIA COMíšN

La delincuencia común es uno de los más grandes retos, que debe atender la nueva cúpula del Ministerio de Gobernación (Mingob), que esta semana inicia sus funciones.

Las extorsiones, los asaltos a buses y los robos de celulares, son las amenazas latentes que afectan diariamente a la población. Pero entre los temas más preocupantes están las «muertes por violencia común», también identificadas «muertes por convivencia», ocasionadas por la violencia e inseguridad social -sin tener relación con esto la criminalidad organizada-.

Según las organizaciones sociales, por lo menos 40 denuncias de extorsión reciben las autoridades diariamente. La Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (AUTUE), refiere que cada dí­a se registran 60 asaltos a buses urbanos y extraurbanos, mientras que los atracos más preocupantes son el robo de celulares, puesto que los delincuentes llegan al punto de asesinar a las ví­ctimas.

Analistas consultados, consideran que el intercambio de información entre los representantes de Gobernación, municipalidades y empresas privadas que poseen cámaras de vigilancia, es necesario para contrarrestar problemas como los robos y atracos.

Verónica Godoy, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (IMASP), propone la coordinación de dichas instancias para atender e identificar pronto a quienes cometen asaltos.

“Los policí­as de tránsito acumulan información porque ellos están en la calle, tienen información que se puede proporcionar, aparte de las cámaras ubicadas y el papel de las municipalidades, es necesario hacer las coordinaciones especí­ficas dependiendo el nivel”, indica.

Por su parte, Carlos Vega, analista en seguridad de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), opina que el manejo y asignación adecuada de recursos son importantes para atender la seguridad del paí­s, pues de ello dependen los cambios. “Tienen que resolver el presupuesto del Mingob, efectivamente cualquier medida a fondo necesita de más recursos, ese es un punto muy concreto, si usted no tiene recursos mejor no hable ni de medidas, porque lo que se necesita es dinero”, manifiesta Vega.

En el tema de extorsiones, el titular de la Cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, anunció la creación de fuerzas de tarea para atender la problemática. í‰l ha calificado el problema como “un tema urgente” a atender.

Los analistas ven oportuna esta propuesta, que requiere de acciones inmediatas para las personas afectadas.

CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Las fuentes consultadas refieren que existen varias amenazas en el ámbito nacional y regional: el narcotráfico, la trata de personas, el trasiego de armas, el terrorismo y el lavado de dinero, los cuales deben tratarse de forma integral, con los paí­ses que atraviesan por el mismo problema.

Mario Mérida, analista en seguridad, considera que el Tratado Marco Democrático de Centro América y la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos (OEA), pueden ser mecanismos para identificar y prevenir cada situación

“El combate al crimen organizado tiene tres ámbitos. Uno a nivel nacional que atienden las autoridades guatemaltecas; en el ámbito regional se ha omitido el Tratado Marco Democrático de Centro América, que deberí­a tratar las amenazas para Centroamérica en las que incluye cuatro expresiones criminales: el narcotráfico, la trata de personas, el trasiego de armas y el terrorismo, pero éstas deberí­an enfrentarse a través del Tratado de Seguridad Democrática que fue implementado en 1995 y a nivel de la Junta Interamericana de Defensa. En el tema del crimen organizado dentro de la estructura de la OEA está precisamente la Junta Interamericana de Defensa, porque ayudarí­a a crear indicadores e identificadores para evitar que el problema transite”, señala el experto.

Mérida opina que para que las acciones del Tratado se implementen, necesitan de un Consejo de Seguridad Regional, para que maneje los recursos económicos.

Carlos Vega, por su parte, propone seguir la hoja de ruta que el gobierno saliente implementó, que fue la coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), para las capturas de narcotraficantes.

“El narcotráfico es el tema más duro a nivel nacional; el gobierno (pasado) tuvo la certeza de dejar eso en manos de la DEA, que fue la que le dio seguimiento, realizó la captura de los grandes capos y el gobierno se encargó de que no hubiera fuga”, resalta.

El analista, también indicó que en este tema se debe tomar en cuenta el control que debe ejercer el sistema bancario en el lavado de dinero, que es un pilar fundamental en la amenaza que representa la criminalidad organizada.

“El lavado de dinero es la columna vertebral del narcotráfico y de la delincuencia en Guatemala. Este Gobierno no le entró al tema, pero hay que darle seguimiento a esas cuentas; el sistema bancario se beneficia y este es un tema puntual en el combate al crimen organizado y narcotráfico”, dijo.

Cortar el financiamiento de los grupos narcotraficantes, tratantes de personas y traficantes de armas podrí­a ser una de las mejores estrategias en este plano, según los expertos.

CONTROL TERRITORIAL

Los expertos dicen que este tema debe tratarse según las amenazas detectadas, y a partir de allí­ se deben basar las acciones. Mérida reitera que el Tratado Marco Democrático de Centro América y el Plan Trifinio podrí­an ser mecanismos útiles para controlar las amenazas existentes.

El apoyo entre “El Salvador, Honduras, Guatemala nace de la colaboración de las relaciones que se den ya sea través del Trifinio o Tratado Marco. En el tema de la frontera norte con México, es precisamente a través de convenios binacionales de control entre Guatemala y México; en ese tema es necesario incluir a Belice, porque es otro paí­s donde están traficando la droga que viene por Suramérica, pasa por Guatemala-México con rumbo a Estados Unidos”, expresa.

Carlos Vega, considera que el Estado de Sitio en algunos departamentos puede ser una medida emergente, pero mientras se lleva a cabo, se debe estructurar una solución a largo plazo.

“Un instrumento temporal son los Estados de Sitio en un departamento, en una frontera y entrar a limpiar, pero es necesario poner las bases a futuro de cómo se va a controlar, porque no se trata de incrementar el número de policí­as y miembros del Ejército, porque lo que sucede es que los delincuentes se retiran y se van a otro departamento, entonces es un paso para limpiar de inmediato, a partir de allí­, el gobierno deberí­a buscar otras medidas”, dice el entrevistado.

La falta de presencia de las instituciones de Estado en el territorio guatemalteco, especialmente de la Policí­a y el Ejército, es una de las deficiencias que se deberá revertir con el fortalecimiento de ambas instituciones.

CONSENSOS Y DIíLOGO

Los consensos y acciones a tomar ante cada amenaza deben acordarse entre el Mingob, el Ministerio Público (MP), inteligencia de Estado, inteligencia estratégica civil, militar, Intendencia de Verificación Especial, según los analistas.

La inteligencia, investigación y operación deben confluir en una estrategia centralizada de las autoridades; concretar este punto dependerá de las capacidades logí­sticas, organizativas y de coordinación interinstitucional.

De acuerdo con Verónica Godoy, actuar en forma conjunta y organizada es vital para que las acciones que se emprendan tengan éxito; todas las instancias deben participar, resalta.

“Es una medida inmediata, el Presidente debe coordinar a todo su equipo de seguridad ampliado, porque no son sólo el Ministro, sus Viceministros y la Policí­a, por ejemplo, están las áreas de inteligencia civil, militar, el Sistema Nacional de Seguridad, la Secretarí­a Técnica; no son la parte operativa, pero conforman un equipo de seguridad complementario”, refiere la experta.

Según la analista, debe existir todo tipo de control para quienes conforman el equipo que trabajará en la seguridad del paí­s, para evitar acciones fuera de la ley o involucramiento con grupos paralelos.

“Los controles deben ser institucionales y deben estar en el marco legal, bajo las funciones que están determinadas por parte de la ley para que no se salgan de control, y por supuesto quienes integran el sistema de seguridad deben pasar pruebas de polí­grafo a cada cierto tiempo y realizarse estudios socioeconómicos”.

CLASIFICACIí“N DE REOS
 
La Fiscalí­a contra el Crimen Organizado, refirió recientemente que el 50 por ciento de los delitos continúan planificándose desde las cárceles, lo que las organizaciones sociales y expertos respaldan, argumentando que se debe a que no existe una adecuada clasificación de reos. Este es otro de los flagelos que las autoridades deben prestar atención de forma inmediata, opinan.

Mario Mérida opina que tiene     que abrirse un debate sobre si los reos deben clasificarse de acuerdo al perfil criminal o por el tiempo que deben purgar en las prisiones.

“Uno de los puntos es precisamente la clasificación de reos no de acuerdo al tipo de delito que cometieron, sino de acuerdo al tiempo que tienen que purgar, porque un reo de 1 a 8 años tiene expectativas de salir libre e incorporarse al paí­s, pero los reos que van de 9 a 15 años generan un mayor riesgo y los de 16 a 30 años son quienes piensan en fugarse de las cárceles, este es el debate, si el tiempo o la clasificación del delito, para mí­ es el tiempo que es lo que estimula a alguien”, refiere.

Sin embargo, también urgen propuestas para que la clasificación del perfil del reo y su programa de rehabilitación o su aislamiento en una prisión de máxima seguridad, pues de ello depende la gobernabilidad dentro de las mismas prisiones.

El analista de Asies considera que las modificaciones al Reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario, aprobadas en la administración de Eddy Morales, deben generar los reglamentos especí­ficos, donde deberí­a considerarse no mezclar reos peligrosos con personas que cometieron una falta.

Godoy por su parte, concluye en la importancia de la dignificación de los guardias del Sistema Penitenciario (SP) y los controles en el personal directivo de la institución, que están expuestos a involucrarse en hechos ilí­citos.