Hace algunos dí­as, un camión cargado con azúcar viajaba de uno de los ingenios hacia la ciudad capital; el propietario de un expendio en uno de los mercados cantonales habí­a invertido casi cuarenta mil quetzales (todo su capital, desde luego) para comprar el producto. Al pasar frente a unos agentes de la Policí­a Nacional Civil, cerca de Palí­n, le marcaron el alto y los agentes requirieron los documentos del vehí­culo y de su piloto. Le preguntaron en qué consistí­a la carga que llevaba y al decirles que eran quintales de azúcar, uno de los policí­as se apartó y llamó a alguien por teléfono.

En pocos minutos apareció un carro particular con vidrios polarizados del cual bajaron tres individuos que golpearon al conductor del camión y lo metieron en el baúl del auto; fue abandonado con la cara prácticamente desfigurada a golpes a inmediaciones del volcán Pacaya y no volvió a saber de su camión hasta que apareció abandonado y sin la carga varios dí­as después.

El comerciante acudió a la PNC para denunciar el caso pero no logró ningún resultado, en parte porque el piloto del camión le dijo que no podrí­a atestiguar contra los agentes pues éstos le advirtieron que tení­an en su poder todos los datos para encontrarlo y darle muerte a él y a sus parientes si abrí­a la boca.

No es un caso de alto impacto como el de los diputados del Parlamento Centroamericano, pero es uno de los que ocurren prácticamente todos los dí­as y afectan a personas de todos los estratos sociales. El dueño del puesto del mercado donde durante años vendieron azúcar, perdió su capital y se encuentra en una profunda depresión por la impotencia que significa no tener a quien recurrir para lograr, cuando menos, que se haga justicia. En este caso no podemos hablar, como algunos quieren hacernos creer, que se trata del crimen organizado que penetró a las fuerzas de seguridad, sino de las fuerzas de seguridad que organizaron su crimen. Esos agentes pueden operar impunemente porque gozan de la protección de sus jefes que se hacen de la vista gorda de los crí­menes que cometen a cambio de recibir parte del botí­n, como ha ocurrido históricamente en nuestras fuerzas policiales.

Son casos que no llegan a la prensa porque de tan corrientes han dejado de ser noticia. ¿A quién le importa que un pequeño comerciante pierda su capital al ser ví­ctima de un asalto realizado por agentes de la PNC uniformados que actúan con la más brutal impunidad? Pero son dramas que ocurren con demasiada frecuencia y que reflejan lo que ocurre cuando el Estado da carta blanca a sus agentes para que hagan limpia social, puesto que la impunidad que les ofrece no sólo sirve para cuando matan mareros, sino también para cuando roban mercancí­as (lí­citas o ilí­citas) y para cuando matan a diputados extranjeros. Por eso es que no hay tales de casos menores.