El año actual está por terminar y nunca está de más remembrar los casos y cosas de la vida nacional, y para el caso puntual, lo que aconteció en la agitada rutina de la justicia guatemalteca. El 2008 tuvo en común una serie de «entregas» de ex funcionarios que, voluntaria o no tan voluntariamente, se presentaron ante un juez para «resolver su situación jurídica».
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El segundo aspecto en común, fue la coincidencia en las medidas otorgadas a estos personajes: un buen número de procesados fueron beneficiados con fianzas y otras medidas sustitutivas que les permitieron continuar con una vida «normal».
Por cierto, la mayoría de los simpatizantes de la justicia, decidieron presentarse a tribunales un viernes…
Este relato abre con el nombre de una mujer: Celeste Aída Soto Vettorazzi, directiva del desaparecido Banco del Café (Bancafé), quien en los días de enero se presentó de forma voluntaria al Juzgado Octavo, donde se tramitaba su expediente de acusación.
El 27 de diciembre de 2007, la Jueza Marta Sierra Stalling, favoreció a Soto en una audiencia de reforma del auto de procesamiento en la que no estuvo presente.
La orden de captura contra Soto fue girada el 18 de enero de 2007. Un año después, Sierra Stalling le retiró la orden de captura y la benefició con una fianza de Q 500 mil.
El miércoles 13 de agosto, Jorge Alfredo González Castillo, hijo del fundador de Bancafé, también se presentó voluntariamente al juzgado Octavo donde fue beneficiado con el pago de una fianza de Q500 mil.
González Castillo, es implicado de recibir un crédito de Q30 millones que, según el MP, sirvieron para recapitalizar a Vipasa, offshore de Bancafé. «Es el momento preciso para presentarme», declaró a los medios el acusado de caso especial de estafa.
Catorce días más tarde, el 27 de agosto, Eduardo González Rivera, fundador y ex presidente de Bancafé, siguiendo el ejemplo de su hijo, se presentó, también voluntariamente al mismo juzgado.
Como a su hijo, el ex banquero vinculado al mismo préstamo sin respaldo, recobró su libertad luego que la citada juzgadora le impusiera una fianza de Q 500 mil, y lo ligara a proceso por el ilícito de caso especial de estafa.
Dos meses después, de la última entrega, los tres directivos quedaron bajo arresto domiciliario y fueron ligados a proceso en el Juzgado Noveno, donde no se les fijó ninguna fianza.
El viernes 22 de agosto, Raúl Girón, representante y principal accionista de la casa de bolsa Mercado de Futuros, donde el Legislativo invirtió anómalamente 82.8 millones; se presentó en forma voluntaria ante el Juez Segundo de Primera Instancia Penal.
Desde las 9 a.m., se rumoraba su entrega, la cual se confirmó a las 12 horas de aquel viernes, cuando Girón llegó en compañía de personal de la PDH, indicando que temía por su vida.
Con semblante cansado, y con una evidente reducción de peso, Girón no quiso declarar ese día, horas después de su ingreso, el juez Jorge Mario Valenzuela lo ligó a proceso por caso especial de estafa y le agregó el delito de lavado de dinero.
El 29 de agosto dejó de ser rutinario en la Torre de Tribunales, cuando se hizo pública la captura de Manuel De Jesús Castillo Medrano, alias Manolito, quien había permanecido 239 días prófugo.
En medio de un fuerte contingente de policías, el ex diputado y alcalde electo por Jutiapa ingresó al edificio del Organismo Judicial y en su primer encuentro con los periodistas dijo: «No me capturaron. Yo me entregué».
Castillo insistió en que había tomado la decisión de presentarse al Juzgado Noveno: «no me había presentado antes porque mi vida estaba en peligro», agregó.
Los dos abogados del ex legislador no consiguieron evitar que el juez Nery Medina, resolviera ligarlo a proceso penal y enviarlo a prisión por su vinculo con el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacén y su piloto, el 19 de febrero de 2007.
Aunque ya se había confirmado la captura de Héctor Augusto Loaiza Gramajo, también ex diputado del Congreso, a quien el MP sindicó con una banda dedicada al robo de combustible, el ex funcionario recurrió al mismo argumento que Manolito al indicar que no había sido capturado sino que se presentaba voluntariamente.
Ese 17 de septiembre, el MP tardó horas en leer la acusación contra Loaiza, que indicaba que el 6 de mayo de 2006 la PNC encontró un camión cisterna, con reporte de robo y cargado de combustible, en una gasolinera propiedad de Loaiza.
El hallazgo total fue de 8 mil galones de gasolina, lo que motivó al MP a solicitar un antejuicio contra el entonces congresista, pero este no prosperó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En este caso, la jueza Sierra Stalling ligó a Loaiza por los delitos de robo agravado, defraudación tributaria, caso especial de defraudación y lavado de dinero, y lo envió a prisión.
El 7 de octubre último, se dio lo que para muchos fue la más grande entrega voluntaria del año. Alfonso Portillo Cabrera, ex presidente de la Guatemala, arribaba a las 9:30 horas en la Fuerza Aérea, proveniente de México.
El ex presidente, quien se encontraba prófugo desde el 8 de julio de 2005, declaró de inmediato: «me entrego porque creo que este gobierno no ejerce presión en el poder judicial».
Sindicado de peculado en la transferencia de Q 120 millones por la firma del acuerdo 16-2001, en el que autorizó transferir esa suma al Ejército, Portillo recibió del Juzgado Quinto Penal una medida sustitutiva consistente en una fianza de Q 1 millón, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar el libro del juzgado en los primeros cinco días de cada mes.
El juez Julio Jerónimo Xitumul consideró que no existía peligro de fuga y que Portillo era un hombre de arraigo.
Eduardo Meyer, ex presidente del Legislativo, quiso resolver su situación legal también un viernes: el soleado 24 de octubre de 2008, mientras el MP allanaba su vivienda, el diputado llegaba a la Torre de Tribunales. La entrega de Meyer se dio dos días después que la CSJ, le retirara la inmunidad.
A su ingreso al edificio del Organismo Judicial, Meyer declaró: «mi situación jurídica la he aclarado desde hace cuatro meses. No me estoy entregando, me estoy presentando».
El juez Nery Medina ligó a proceso a Meyer por los delitos de peculado culposo en forma continuada, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia y ordenó el arresto domiciliar bajo vigilancia, le prohibió salir del país y le impuso la obligación de firmar cada lunes el libro de asistencias.