En cuanto a la legalidad de la deuda de arrastre, antes de pagar cualquier deuda de este tipo tendría que ser incluida en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado y aprobada por el Congreso.

Adicionalmente, debe considerarse que el pago en el presente gobierno de Q3,500 millones como deuda de arrastre es sumamente peligroso por cuanto, igual que sucedió en el gobierno de Jorge Serrano donde fungía como Ministro de Finanzas, Richard Aitkenhead y se pagó parte de los créditos fiscales, resultó que con todo descaro se pedía “se donara” del 10 al 15 por ciento.

 Imaginemos si algo similar se le aplica a esos Q3,500 millones de bonos, el hecho produciría de Q350 a Q500 millones, fondo que perfectamente financiaría la próxima campaña de un binomio presidencial.

En el país, la totalidad de la sociedad civil debe manifestarse. Qué importa que esta obra ilegalmente contratada sea de beneficio a cualquier diputado o funcionario de los anteriores gobiernos. Los contratistas sin excepción saben cuáles son los requisitos y las formalidades legales vigentes para suscribir un contrato con el Gobierno, las municipalidades y demás dependencias del sector público.

El Presidente y Vicepresidente de la República, que tanto en la campaña como en su primer año de gestión han predicado la legalidad y la transparencia, igual que la totalidad de su gabinete, con este hecho, llegaron a una muralla tan grande y tan infranqueable como la muralla China, no pueden jugar a las interpretaciones como jugaron cuando justificaron y defendieron la contratación en Puerto Quetzal, no hay manera de desvirtuar las leyes vigentes y la denominada deuda de arrastre no se puede pagar, no se puede legalizar como un milagro.

El Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y por supuesto el Organismo Ejecutivo están en una parrilla y si no respetan el Estado de Derecho y tienen el cuidado que requiere el manejo de esta situación, pasarán de “las brasas para caer en las llamas”.

Es evidente que la deuda de arrastre implica que se le terminó la suerte al conejo y presidente Óscar Berger, así como a sus respectivos ministros y directores de fondos; igualmente se le acabó la pita al presidente Álvaro Colom y a sus respectivos ministros y directores de fondos. Todos ellos deberán rendir cuentas.

El problema es tan delicado que no solo implica al sector público sino aún buen número de empresarios de la construcción y de la proveeduría de bienes y servicios al Estado, como bien lo señaló en reciente entrevista televisa la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Caballeros. En todo caso, llegó el momento de medir a los involucrados con la misma vara que ellos han medido más una cuarta.

¿Qué es lo que pasará? Solo el tiempo lo dirá, en nuestro país no se actúa ni se procede de la misma forma siempre y si no veamos la gran diferencia de proceder con los directivos y accionistas del Banco de Comercio, del Banco del Café versus los directivos y accionistas del Banco Empresarial, a unos se les tiene penalmente acusados, parte de ellos son prófugos, están presos, mientras que a los otros se les diluyó la acusación a un hecho civil y en lugar de perseguírseles, después de que regresaron varios de ellos del extranjero, mientras manipulaban los cargos, son hoy nuevamente estrellas en la dirigencia empresarial. Otro ejemplo de cómo se manipulan las cosas es la situación y los cargos de quienes incurrieron a sabiendas  en asesinatos en los casos de Pavón, el Parlacen y demás.
¡Guatemala es primero!