Se ha mencionado en diferentes medios por miembros del actual Congreso que pertenecen a la oposición que como parte del paquete que el presidente y vicepresidenta de la República, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti negociaron en Casa Presidencial y en reuniones adicionales en otros lugares, cuando se determinó la elección de la nueva junta directiva del Congreso de la República y la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2013,

Que también se aprobarían Q3,500 millones en bonos que serían destinados para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional para la Paz, así como otras dependencias del Ejecutivo, pagaran la denominada “deuda de arrastre” que no es más que la obra y las compras que ilegal e improcedentemente diferentes gobiernos, dentro de los que destacan el que presidió Óscar Berger y el que presidió Álvaro Colom, así como el actual, han adquirido al contratar de forma incorrecta e ilegal obras y adquisiciones que no estaban presupuestadas en los diferentes presupuestos de ingresos y egresos del Estado.

Al acercarse el momento de llenar los requisitos que legalmente implican estos Q3,500 millones de bonos que deben ser aprobados por la Junta Monetaria, el Ejecutivo y luego  trasladados como propuesta de iniciativa de ley para que los diputados al Congreso voten y aprueben los mismos, por fin el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Cacif, a través de su presidente Andrés Castillo manifestó: “el país no está en condiciones de adquirir deuda para pagar deuda”. Asimismo, la directora ejecutiva de la Cámara del Agro, Carla Caballeros, expresó que si esta resolución la aprobaba la Junta Monetaria presentarían un amparo preventivo en contra de los miembros de esa institución. De igual forma otras personas, incluyendo a la diputada Nineth Montenegro han manifestado que los legisladores que voten a favor serán legalmente responsables de aprobar hechos que tienen consecuencias penales.

Qué alegría me produce que un presidente de Cacif, igual que lo hiciera yo públicamente cuando fungiera en dicho cargo oponiéndome a la aprobación del llamado Periférico Nacional y de la sanción a un proyecto de ley que promovían accionistas de las empresas aseguradoras para que por ley la mayoría de la tenencia de acciones de esas empresas fuera de personas guatemaltecas, contraviniendo la libre competencia, pensando en el bien de Guatemala y no en mi interés particular, hoy nuevamente se manifieste por principios y no por intereses de gremio.

La aprobación de bonos para pagar la deuda de arrastre es ilegal ya que no proviene de un presupuesto aprobado previamente, es inmoral porque muchas de esas obras no se ejecutaron o se ejecutaron de mala calidad, incluso los precios a que se contrataron son precios inflados, adicionalmente se incrementaron aún más a través de órdenes de cambio emitidas por el gobierno, con la aprobación de los supervisores.

Para un pago de esa naturaleza previamente debe hacerse pública la lista de obras, su valor contratado, los aumentos adicionados, el lugar donde las mismas se ejecutaron para que la población local pueda manifestarse.

También es indispensable que cada una de las obras o compras que se pretenden pagar se rinda un dictamen específico por la Contraloría General de la Nación haciendo constar que no hay irregularidades en cada contrato y si las hay que certifique lo conducente al Ministerio Público.

¡Guatemala es primero!
Continuará…