Un lector de esta columna, de nombre Leonel, me ha escrito pidiéndome una opinión sobre la reciente expropiación que ha hecho el gobierno encabezado por Cristina Fernández en el seno de la empresa petrolera argentina, Yacimiento Petrolíferos Argentinos (YPF).

Hay que aclarar que esta medida anunciada por la propia mandataria argentina el 16 de abril de 2012, no expropia el 100%  de la empresa como lo hizo  el gobierno  de Lázaro Cárdenas en México en 1938, sino solamente busca tener el control de dicha empresa al expropiar el 51% de la misma. Hay que recordar que la empresa Repsol de España poseía el 57%  de YPF, mientras que un grupo empresarial argentino, Petersen, tiene 25.4%. Lo que ha hecho el gobierno argentino es enviar una iniciativa al Congreso en el que se expropia el 51% del 57%  que estaba en manos de  la empresa española. La medida  expropiatoria debe tener popularidad en Argentina si nos atenemos al pronto apoyo que brindó a la misma el arquitecto de la privatización argentina, el expresidente Carlos Menen.

Además de la solicitud de Leonel, lo que me ha motivado a pronunciarme en este espacio sobre este tema es la solidaridad neoliberal de Felipe Calderón y Pérez Molina con Repsol y España. También el leer algunas columnas que desde el neoliberalismo a ultranza  se han pronunciado sobre dicha expropiación. Algunas de estas últimas afirman, sin sonrojo, que la expropiación se dio cuando Repsol había llevado a YPF a una situación boyante. Según el neoliberalismo a ultranza,  el “estatismo” siempre  es voraz con las empresas que la iniciativa privada saca adelante. Ignoran por lo visto que la motivación fundamental del gobierno argentino para la expropiación fue  su descontento ante la caída en la producción de hidrocarburos que obliga a realizar importaciones y erosiona el superávit comercial. Ignoran que Repsol se limitó a extraer el recurso natural, no hizo inversiones y remitió  sus utilidades al exterior. El manido  argumento neoliberal  no hace más que reiterar la falsa ecuación  de empresa estatal=corrupción + ineficiencia. La derecha y la cúspide empresarial mexicana  tienen años de querer  engullirse el jugoso negocio del petróleo mexicano. Y arguyen que la administración estatal ha llevado al atraso y a la ruina a la empresa estatal Pemex. Esconden que Pemex se encuentra en esta situación porque las cuantiosas  ganancias del petróleo mexicano se han convertido en la sustentación del gasto público por el hecho de que en México, al igual que en Guatemala, la tasa de recaudación fiscal es bajísima. La derecha neoliberal mexicana (cúspide empresarial, PRI y PAN) se han negado a construir refinerías y México vende naranjas para comprar jugo de naranja. Es decir vende petróleo para comprar gasolina.

Al igual que lo hizo con el gas Evo Morales en Bolivia, Cristina Fernández pretende que una de las industrias fundamentales de su país sea controlada por el sector público para que sea la nación y no un grupo privado el que controle ese recurso estratégico. El neoliberalismo en Argentina entregó a la iniciativa privada  la energía eléctrica y el resultado fue que ésta agobió a los argentinos (ricos y particularmente sectores medios y  pobres) con tarifas leoninas. No fue sino hasta después de la gran crisis provocada  por el neoliberalismo en 2001 y 2002 cuando se empezó a frenar este abuso. Y basta  con que alguien viaje a México para que vea cómo las tarifas del monopolio telefónico de Carlos Slim (Telmex) son verdaderamente abusivas.

En un contexto  mundial de dominio del fundamentalismo de mercado que postula que todo debe volverse mercancía e iniciativa privada, la medida tomada por el gobierno  de Cristina Fernández es valiente. Tiene en mente los intereses de la nación argentina que no necesariamente son los  de la gran cúspide empresarial globalizada. Está sustentada en el principio de que el desarrollo  de cualquier nación, y en especial de las latinoamericanas, debe sustentarse en un equilibrio entre lo que controla el mercado y la iniciativa privada y lo que el sector público debe gestionar. Es el Estado y no la iniciativa privada, quien debe controlar a aquellos sectores de producción que resultan estratégicos para una nación. Entre otras cosas para mantener la soberanía de la misma frente a los intereses particulares  nacionales o extranjeros. Y es la sociedad civil, a través de la democracia, quien debe controlar los eventuales abusos y corrupciones de ese Estado.

No es posible ignorar el fracaso del estatismo a ultranza que se practicó en los países del socialismo real. Pero es imposible ocultar  que el endiosamiento de lo privado, del mercado, de la avariciosa ganancia que olvida el bien común, ha llevado al planeta  a la crisis mundial integral que hoy sufrimos y que ojalá sobrevivamos.