En declaraciones reproducidas por este vespertino, el pasado día martes, la Contralora General de Cuentas (CGC), licenciada Nora Segura, denunció las amenazas y presiones de las que venía siendo víctima el personal e institución a su cargo, por parte de los ciudadanos que deseaban obtener su finiquito de cuentas, requisito para completar la documentación necesaria para inscribirse como candidatos a puestos de elección popular ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en estas próximas elecciones generales.
De conformidad con las mismas declaraciones, para el último día en que podían ser solicitados dichos finiquitos, se habían presentado más de 10,000 solicitudes, de las cuales más de 500 habían sido denegadas, en un procedimiento cuyos filtros son sencillos, ¿ha manejado fondos del Estado?, ¿existen o no reparos de la CGC por ese manejo de fondos?, ¿se han desvanecido esos reparos? Si el solicitante pasa esos filtros la CGC le otorga el finiquito y puede completar su papelería y dirigirse al TSE, en caso contrario el expediente será rechazado. El problema empieza cuando acostumbrados a ser el más gallo en su gallinero, los futuros candidatos no pueden entender que la ley y los requisitos que esta contiene se hicieron para cumplirse y en consecuencia para obtener su finiquito de cuentas deben de pasar los filtros que se relacionaron anteriormente; el problema se agudiza, se vuelve intolerable y debe de ser motivo de investigación por parte del Ministerio Público cuando los rechazados amenazan a los funcionarios y empleados de la CGC con el afán de obtener los finiquitos de cuentas bajo esas amenazas.
Por si algo faltara, en este país de listos y listones, algunos de los rechazados aspirantes a candidatos, se han dado a la tarea de interponer amparos en distintos lugares del país buscando resoluciones judiciales que los amparen bajo el argumento de violación a sus derechos de elegir y ser electo. Según las declaraciones de la Contralora General de Cuentas, hasta el día martes de esta semana se habían otorgado 5 finiquitos a igual número de aspirantes, sobre los cuales hay que aclarar, acertadamente la CGC ha razonado que los mismos se entregan en cumplimiento de las órdenes judiciales emanadas de los tribunales constituidos en tribunal de amparo y no porque se encuentren exentos de los supuestos que harían imposible otorgarles los finiquitos, es decir tienen cuentas pendientes que aclarar y de otra manera no habrían obtenido el finiquito.
Toca ahora, a la Corte de Constitucionalidad enmendar el entuerto y en la apelación de cada amparo de los descritos, revocar los amparos provisionales que ayudaron a estos rechazados aspirantes a candidatos a obtener su finiquito de cuentas. Al Tribunal Supremo Electoral, el atender los razonamientos que incluyó en los finiquitos la CGC y rechazar las inscripciones por no cumplir con los requisitos. Al Ministerio Público atender la denuncia sobre las amenazas de muerte que se han realizado en contra del personal de CGC, pero sobre todo a la Contralora General de Cuentas y al personal de esta institución le corresponde recibir nuestro agradecimiento como ciudadanos por estar haciendo su trabajo y haber denunciado los hechos y las cobardes amenazas.