Pasaron 18 meses para concretar los acuerdos necesarios para que el Congreso aprobara la Ley de Equipos y de Terminales Móviles; ayer se materializó el consenso que fue producto de presiones de parte de organizaciones de sociedad civil y acuerdos de las empresas de telefonía celular,

Pero especialmente de la necesidad de responder a la inseguridad que cada día acompaña a los guatemaltecos, las cifras crecientes en torno al robo de celulares y las muertes que ha causado ese delito.

El trabajo técnico y los consensos políticos antecedieron a la aprobación de la Ley de Equipos de Terminales Móviles, que tiene como objetivo controlar la comercialización de dichos aparatos móviles, así como las tarjetas SIM, mediante la generación de un registro de usuarios, comercializadores, distribuidores, números telefónicos y números de Identidad Internacional de Equipos Móviles (IMEI, por sus siglas en inglés).

La Ley trae consigo más obligaciones para las operadoras, vendedores y usuarios de teléfonos móviles, con el propósito de disminuir el robo de estos aparatos, y además se incrementan las penas para quienes compren, vendan o alteren el número de IMEI de los celulares. 

Aunque el trabajo aún  no está completo, pues el Legislativo aún puede hacer algunas modificaciones de estilo a la Ley, que luego será enviada al Ejecutivo para su promulgación o veto, el esfuerzo de alcanzar consensos sociales ya se logró.

Previo a la aprobación de la normativa, el presidente de la Comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Luis Contreras, del Partido Patriota (PP) y el presidente de la Comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia, Luis Pedro Álvarez, expresaron ante la Prensa que los consensos ya existían y que no se podían romper.

Esto luego que ambas comisiones dictaminaron en  conjunto nuevamente dicha iniciativa, registrada con el número 4507, y respaldada por una buena parte de diputados.

Por otra parte, 17 organizaciones de sociedad civil aseguraron estar a favor de lo que dichas comisiones legislativas dictaminaron, pese a que no dejaban de expresar su extrañeza en torno a la armonía que se transmitía sobre la aprobación del proyecto de ley.

En cuanto a las tres empresas de Telefonías Móviles de España S.A. (Movistar), América Móvil (CLARO) y Millicom International Cellular S.A. (TIGO), mediante sus representantes en Guatemala, se mostraban optimistas ante la propuesta de regulación, que traerá consigo nuevas formas de administrar la comercialización de teléfonos móviles.

Los consensos en torno a la iniciativa se empezaron a trabajar hace ya año y medio, después de que ésta fue retirada del Pleno por la falta de acuerdos. Sin embargo, la realidad de la inseguridad y la violencia que genera el robo de celulares acompañaron en todo momento las discusiones y se constituyó como una presión para apresurar la labor de los legisladores.

EL ROBO DE CELULARES

Las instituciones manejan diferentes cifras y estadística sobre el robo de celulares en Guatemala, pero en cualquiera de los casos el problema requería una respuesta de parte de las autoridades.

Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), diariamente en el país se roba 333 aparatos móviles, lo cual representa una tasa anual de 925 teléfonos celulares por cada 100 mil habitantes.

Por aparte, la Superintendencia de Telecomunicaciones reportó en el año 2012 un total de 142 mil 745 celulares robados, la Policía Nacional Civil registra para el mismo periodo mil 956 teléfonos móviles hurtados y el MP indica que hasta el momento existen 4 mil 376 denuncias por este delito.

Según los analistas del CIEN, estas cifras denotan poca credibilidad, desconfianza y discrepancia; lo que hace pensar que ni las telefónicas ni las autoridades de seguridad le prestan atención a este tema, afectando directamente a la población guatemalteca.

Asimismo, indicaron que entre las principales causas por las que las personas incurren en este delito están el comercio del aparato robado y el uso de la información contenida en los celulares para fines de extorsión. Además, que encuentran mercado en aquellas personas que de manera inescrupulosa adquieren aparatos robados.

Esta situación de inseguridad enmarcó la aprobación de la Ley de Equipos de Terminales Móviles, que cobró mayor relevancia con los últimos casos de violencia, en los que murieron personas cuando fueron asaltadas para arrebatarles sus celulares.

¿CÓMO SURGEN LOS CONSENSOS?

La iniciativa de ley de Terminal de Equipos Móviles llegó a la agenda legislativa un año y medio después de su última presentación. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que ésta volviera a ser integrada al debate parlamentario?

El diputado Contreras, representante del oficialismo en la construcción del nuevo dictamen, aseguró que la situación “positiva” se debía a que la iniciativa tuvo todo el apoyo del Ejecutivo para obtener acuerdos.

Contreras manifestó que el apoyo del Ejecutivo hizo que todo fuera más fácil, pues ya desde un inicio se aseguraban los 57 votos que posee la bancada oficial. Es por esto que desde la comisión que preside se empezaron a realizar mesas técnicas que involucraron a los sectores de la sociedad civil y empresarial.

De acuerdo con el congresista Contreras, los acuerdos fueron posibles porque en la instalación de las mesas técnicas el sector empresarial de la telefonía manifestó abiertamente todas sus propuestas, así como las organizaciones de la sociedad civil, las cuales fueron socializadas con los miembros de las comisiones.

El parlamentario aseguró que de parte del Congreso tampoco había mayor oposición, ya que para los diputados sería un “honor” apoyar este proyecto de ley, ya que aporta ayuda para solucionar el problema de inseguridad que perjudica tanto a los guatemaltecos.

En cuanto a las empresas de telefonía, el oficialista dijo que para estas compañías la propuesta de normativa no era nada nuevo, ya que también operan en otros países que ya están aplicando este tipo de legislatura, tal es el caso de El Salvador.

El diputado Álvarez también coincidió con lo dicho por Contreras en torno a la socialización de la iniciativa de ley, ya que el papel de los diputados fue mediar entre las diferentes propuestas que presentaron los sectores involucrados.

El presidente de la comisión Extraordinaria de Reformas al Sector Justicia indicó que en gran parte los consensos se dieron gracias a una labor de presión que le hicieron integrantes de organizaciones de sociedad civil al presidente, Otto Pérez Molina, y que fue eso lo que pudo incidir más para que el oficialismo diera el apoyo.

Álvarez explicó que esta iniciativa no tiene “nombre y apellido”, ya que todos los diputados se apoderaron de ella, lo cual es clave que pase para poder aprobar una ley en el Congreso.

La presidenta de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Eleonora Muralles, explicó que en los acuerdos ningún sector se tuvo que adecuar a ningún consenso, sino que la clave estuvo en socializar cada aporte que se hizo a la iniciativa.

La presidenta de FADS indicó que pese a que se hicieron muchos cambios, el espíritu de la propuesta de ley se conservó y  cree que la violencia que genera el robo de celulares fue un elemento esencial para concientizar a los demás sectores para que apoyaran la iniciativa.

Por su parte el director del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones, Ricardo Sagastume, aseveró que los consensos se obtuvieron porque las comisiones de trabajo incluyeron en la iniciativa las propuestas hechas por las tres empresas telefónicas y que tomaron en cuenta la opinión de éstas para las modificaciones que se le hicieron al dictamen.

Sagastume rechazó cualquier declaración o sugerencia que indicara que ellos ejercieron algún tipo de presión hacia los congresistas, y aseguró que respetarían la decisión que  los diputados tomen en el pleno.

LAS VARIACIONES EN LOS ACUERDOS

El diputado Álvarez detalló que las diferencias que existieron de parte de las telefonías,  radicaron en el costo, ya que cualquier nueva implementación como lo era el registro de los teléfonos móviles, comercializadores y usuarios, al cual había oposición, pero que cualquier incremento de gasto, el congresista opina que será cargado al consumidor final.

Contreras reconoció que en el punto de registro de IMEI  había oposición de los operadores, que son las empresas de telefonías, pero que al final no se eliminó y que hasta el momento de su aprobación ya se pronunciaron en contra.

Otro punto que fue sujeto a discusión fue el tiempo que se estableció para que las telefonías registren a todos los teléfonos y usuarios, ya que antes se indicaba que las empresas tenían 18 meses, en el decreto se estableció que cuentan con 36 meses.

Al contrario de esto las organizaciones de sociedad civil opinaban que debería ser menos tiempo, para no esperar tanto, afirmó Muralles.

El dictamen consensuado obtuvo ocho enmiendas, las cuales modificaron más aspectos de forma, ya que esto no afectará el fondo y objetivo de la Ley de Equipos de Terminales Móviles.