Los Acuerdos del 29 de diciembre de 1996 fueron una oportunidad histórica terriblemente desperdiciada. Pudimos haber iniciado un proceso de cambios que, de haberse realizado, nos tendrían hoy en el genuino camino de la paz, la democracia y el desarrollo. No pienso, sin embargo, que no se consiguiera nada con la firma de la paz. El problema esencial fue la clásica «llamarada de tusas»: mucho entusiasmo al principio y falta de seguimiento, continuidad y disciplina en las etapas más difíciles.
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Sólo en el primer año ocurrieron cosas verdaderamente trascendentales. La URNG cumplió sus compromisos, al cesar la lucha armada, desarmarse, incorporarse a la vida civil y transformarse en partido político. La ONU, vía Minugua, contando con el apoyo de la comunidad internacional, vigiló el cumplimiento de los Acuerdos, propició los trabajos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), verificó la eliminación de la violación estatal del derecho a la vida y el cambio del papel de las fuerzas armadas y fomentó la creación de la Policía Nacional Civil. Los pueblos indígenas fueron empoderados y las mujeres organizadas intensificaron sus luchas por la igualdad de género.
Cuatro hechos pararon esta dinámica: la decisión de Arzú de priorizar las políticas neoliberales y no los compromisos de los Acuerdos; el asesinato del Obispo Gerardi; la derrota de las reformas a la Constitución en el referendo de 1999; y la elección ese año del FRG. Aunque Portillo intentó dar nuevo vigor a los Acuerdos en sus primeros meses y logró que se aceptaran como compromisos del Estado, pronto la ineptitud de su gobierno llevó a conflictos de nuevo tipo, actos de corrupción y aumento significativo de la violencia. También Berger pretendió dar nuevo impulso a los Acuerdos, invitó a personas compenetradas de ellos a ser parte de su gobierno y buscó reactivar la ayuda internacional; pero en la práctica resultó ser un gobierno errático e incapaz de cumplir con sus promesas, aparte de permitir de nuevo la violación estatal del derecho a la vida.
Pese a insuficiencias y yerros, el gobierno de Colom ha rescatado más el espíritu de los Acuerdos. En particular, el programa para la población más pobre, pese a las críticas justificadas o no que ha sufrido, es la acción correcta para resolver una causa fundamental del conflicto armado interno: la pobreza y la miseria. Otro programa pertinente, aunque insuficiente, es el del resarcimiento de las víctimas del conflicto, que responde a las recomendaciones de la CEH. La lucha contra la impunidad es otro compromiso fundamental y CICIG ha dado la pauta. Desde luego, es mucho más lo que sigue sin respuesta. No hay política de tolerancia y diálogo para resolver los conflictos sociales, privilegiándose la manipulación de la ley; se ignora la falta de tierra para nuestras grandes mayorías campesinas; y se hace muy poco para enfrentar la inseguridad, la violencia, la pobreza y la marginación.
No somos pocos los que afirmamos que el país necesita una nueva Revolución. Es lo que nos proponemos en el 2011, aunque de carácter pacífico. En las elecciones de septiembre, los Acuerdos de Paz deben ser de nuevo el eje del plan del gobierno próximo. Su cumplimiento fiel y pronto será la Revolución que necesitamos y ansiamos.