Más de 15 mil personas que participaron en las acciones de presión que se realizaron en la Ciudad Capital, así­ como en algunos puntos del interior del paí­s, decidieron salir a las calles para exigirle al Gobierno respuestas a la problemática que viven cotidianamente, caracterizada por la falta de recursos para producir, escaso acceso a servicios sociales, explotación por parte de finqueros y grandes terratenientes y programas asistencialistas que no se apegan a su realidad.

Y es que a pesar que la Constitución señala que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y es su deber garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral, no se puede negar que la administración pública ha estado al servicio de los que más tienen y, para mantener los privilegios de un grupo mí­nimo de la población, se condena a la pobreza y pobreza extrema a miles de familias que viven en el campo. Por eso, la lucha y los logros de la Plataforma Agraria son muy importantes, porque nos recuerdan que las y los campesinos tienen el derecho de exigir mejores condiciones de vida.

Los acuerdos que esta alianza alcanzó con el Gobierno son significativos como un primer paso para atender la problemática agraria: realizar diagnósticos rápidos participativos en 64 municipios con pobreza y pobreza extrema; discusión y análisis, en el marco del diseño y construcción del Plan Nacional de Desarrollo Rural, de la propuesta del Arrendamiento Solidario, que consiste en otorgar un subsidio no reembolsable de Q3,200 a las familias campesinas; otorgamiento de 10 mil créditos para arrendamiento de tierra a través del Fondo de Tierras que se harán efectivos a más tardar el 30 de agosto; inversión productiva en 20 empresas campesinas; destinar un millón de quetzales para que pueda suscribirse un acuerdo de solución al conflicto de Nueva Florencia, Colomba, Quetzaltenango, en donde un grupo de campesinos fueron despedidos sin causa justificada y, a pesar que la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución favorable, no fueron restituidos; resolución de varios conflictos a través de COPREDEH y de la Secretarí­a de Asuntos Agrarios; activación de un mecanismo de discusión con el Fondo de Tierras sobre la deuda agraria; y, finalmente, un llamado conjunto del Gobierno y Plataforma Agraria al Congreso de la República para la aprobación de la emisión de bonos que incluyen un porcentaje para el impulso del desarrollo rural, priorizando la demanda de acceso a tierra con énfasis en las mujeres, la aprobación de la propuesta de Modernización Fiscal y del anteproyecto de Ley de Desarrollo Rural consensuado entre las diferentes organizaciones campesinas que integran la Alianza para el Desarrollo Rural Integral (ADRI).

Las propuestas de Plataforma Agraria pueden considerarse como una especie de plan piloto para que el Ejecutivo las evalúe y las logre desarrollar como polí­tica pública. Lo invaluable de esta iniciativa es que ha surgido de las necesidades y de la reflexión de las propias bases, es decir de abajo hacia arriba. No es en beneficio de unas cuantas familias campesinas, sino de llevar una polí­tica de desarrollo para quienes históricamente han sido explotados y excluidos de los beneficios de la tierra.