Mientras la crisis política que vive Honduras se agudiza a raíz de la destitución de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Porfirio Lobo llamó hoy a las principales autoridades del Estado a un diálogo nacional a través de un mensaje televisado.
«En las próximas horas estaré llamando a actores clave de la democracia, al presidente del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y otros órganos del Estado a un diálogo nacional abierto para construir una salida», dijo el presidente en cadena nacional, aunque no especificó quienes serían todos los participantes ni cuáles los temas a tratar en el mismo.
«La independencia y complementariedad de los poderes del Estado es fundamental», afirmó.
El Congreso hondureño aprobó la destitución inmediata de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia después de que éstos tomaron una decisión contraria a los intereses del gobierno de Porfirio Lobo, lo que provocó una crisis institucional que se gestaba desde hace días. Se los acusó de cometer infracciones administrativas y de oponerse a la depuración policial, por declarar inconstitucional una iniciativa de ley que establecía cambios en esa fuerza.
Rosalinda Cruz, una de las magistradas destituidas, se quejó de la decisión. «Se ha dicho que estamos a favor de la delincuencia, pero sólo estamos a favor de que se cumplan las garantías de los derechos fundamentales, el derecho a la defensa y al debido proceso para todos los ciudadanos», afirmó.
«No estamos en contra de la depuración policial, pero el poder no puede ser ilimitado», explicó la magistrada.
Agregó que la corte emitió un fallo «que defiende los derechos de los policías sometidos a pruebas de confianza que la ley hondureña no permite, como el polígrafo».
Los magistrados destituidos dijeron en un comunicado que el Poder Legislativo, al irrumpir en el Poder Judicial, violentó la separación de poderes y alteró el orden constitucional.
«El Congreso nos destituye del cargo pero hemos cumplido el cargo a cabalidad cumpliendo la legislación vigente. Hemos aplicado nuestro trabajo de acuerdo a los preceptos», escribieron los magistrados al calificar la destitución de «ilegítima, ilegal e injusta». «Es política», añadieron.
Para los jueces, «el procedimiento de destitución no tiene fundamento legal alguno» y «se ha vulnerado el derecho a defensa y el derecho a ser oído y el debido proceso».
El fiscal general de la república, Luis Rubí, lamentó la votación en las primeras horas del miércoles que destituyó a los jueces después de que rechazaron un plan del presidente Lobo de depurar la corrupta policía nacional. Dijo que su oficina analiza si los legisladores pueden ser procesados por posible acción ilegal.
«Los fiscales de la república están reunidos estudiando el caso. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente del Congreso ni el de la república», dijo Rubí.
Los fiscales «analizamos la responsabilidad de quienes han tomado esa decisión y si la hay nos vamos a pronunciar. Hemos solicitado al Congreso que nos proporcione la información necesaria, la moción, el decreto, el acta de la sesión, lo estudiaremos y nos pronunciaremos», agregó.
El miércoles, el presidente se reunió con la junta de jefes de Estado mayor de las Fuerzas Armadas. A la salida del encuentro, el general Jefe del Estado Mayor, René Osorio, dijo que el presidente les explicó aspectos de lo sucedido en el Congreso y la remoción de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero aclaró que «esos son temas que a las Fuerzas Armadas no le competen».
El general también afirmó que «como Fuerzas Armadas, mantenemos lealtad permanente a los tres poderes del Estado y nos mantenemos pendientes de cualquier tarea que se nos encomiende, como manda la constitución para garantizar la paz del pueblo hondureño» y señaló que «la situación de la Corte Suprema de Justicia y la del Congreso Nacional, son cosas inherentes a dichos poderes y eso lo respetamos como institución apolítica, obediente y no deliberante donde no se nos permite opinar en temas políticos».
Fustigan votación del Congreso
La crisis política hondureña se agudizó ayer mientras funcionarios judiciales debatían si una votación del Congreso para destituir a cuatro magistrados de la Corte Constitucional viola la propia Carta Magna.
El fiscal general de la república, Luis Rubí, lamentó la votación en las primeras horas del miércoles que destituyó a los jueces después de que éstos rechazaron un plan del presidente Porfirio Lobo de depurar la corrupta Policía nacional. Dijo que su oficina analiza si los legisladores pueden ser procesados por posible acción ilegal.
«Los fiscales de la republica están reunidos estudiando el caso. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente del Congreso ni el de la república», dijo Rubí.
Los fiscales «analizamos la responsabilidad de quienes han tomado esa decisión y si la hay nos vamos a pronunciar. Hemos solicitado al Congreso que nos proporcione la información necesaria, la moción, el decreto, el acta de la sesión, lo estudiaremos y nos pronunciaremos», agregó.
El Congreso hondureño aprobó la destitución inmediata de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia después que estos tomaron una decisión contraria a los intereses del gobierno de Porfirio Lobo, lo que provocó una crisis institucional que se gestaba desde hace días. Se les acusó de cometer infracciones administrativas y de oponerse a la depuración policial, por declarar inconstitucional iniciativa de ley.
Con 97 sufragios a favor y 31 en contra, los legisladores aprobaron la destitución a las 4 de la mañana tras la lectura de un informe elaborado por una comisión y un largo debate.
«La conducta de los magistrados pone en peligro la seguridad ciudadana. Es manifiestamente contraria al interés del estado», afirmó el diputado Jeffrey Flores, que presentó la moción que destituía a los miembros de la Corte.
Rosalinda Cruz, una de las magistradas destituidas se quejó de la decisión. «Se ha dicho que estamos a favor de la delincuencia, pero no sólo estamos a favor de que se cumplan las garantías de los derechos fundamentales, el derecho a la defensa y al debido proceso para todos los ciudadanos», afirmó.
«No estamos en contra de la depuración policial, pero el poder no puede ser ilimitado», explicó la magistrada.
«Nos limitamos a emitir un fallo que defiende los derechos de los policías sometidos a pruebas de confianza que la ley hondureña no permita, como el polígrafo», añadió.
Los magistrados destituidos dijeron en un comunicado que el Poder Legislativo, al irrumpir en el Poder Judicial, violentó la separación de poderes y alteró el orden constitucional.
«El Congreso nos destituye del cargo pero hemos cumplido el cargo a cabalidad cumpliendo la legislación vigente. Hemos aplicado nuestro de trabajo de acuerdo a los preceptos», escribieron los magistrados al calificar la destitución de «ilegítima, ilegal e injusta». «Es política», añadieron.
Para los jueces, «el procedimiento de destitución no tiene fundamento legal alguno» y «se ha vulnerado el derecho a defensa y el derecho a ser oído y el debido proceso».
Lobo ha estado enfrascado en un enfrentamiento con los jueces de la Corte Suprema, a quienes acusa de atender poderosos intereses de negocios. Dice que la misma gente que depuso en su momento al presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado de 2009 ahora planea deponerlo a él.
Desde hace tiempo se considera que los jueces hondureños están vinculados íntimamente con la élite empresarial. En octubre, la Corte Suprema desestimó el plan de Lobo de construir ciudades privadas como una manera de atraer inversión y desarrollo económico, y la semana pasada declaró inconstitucional su plan de limpiar la Policía nacional, notoria por su corrupción.
Horas antes de aprobar la destitución, el Congreso también aprobó una ley de referendo para someter a votación popular dicho plan luego de que los tribunales lo bloquearon.
En la exposición de motivos de la destitución de los magistrados, presentada por el diputado Rigoberto Chang, se explicó que «el Congreso aprobó el decreto de depuración policial con vigencia de seis meses entre el 25 de mayo y el 25 de noviembre. Fue impugnado (por la Corte Suprema) el 26 de junio y era de tramitación expedita, pero fue resuelto el 27 de noviembre cuando ya no estaba en vigencia».
«La resolución emitida por la Corte no es congruente con la política de seguridad desarrollada por el ejecutivo y el legislativo y conlleva graves perjuicios a la seguridad del estado, y deja abierto que se presenten demandas millonarias por parte de los policías afectados por la depuración», agregó.
Honduras ya ha pasado por este tipo de disputas.
Zelaya fue depuesto cuando ignoró la orden de la Corte Suprema de cancelar un referendo planeado para revisar la Constitución, prometiendo a los pobres que serían representados a la hora de planear el rumbo del país hacia el futuro.
El narcotráfico y la violencia se han incrementado desde el derrocamiento de Zelaya, y dos tercios de los 8,2 millones de habitantes del país viven en la pobreza. Con una tasa de homicidios de 91 por cada 100.000 habitantes, con frecuencia se dice que Honduras es el país más violento del mundo.
El golpe de Estado de 2009 fue un dolor de cabeza para Estados Unidos, que dejó de enviar ayuda a Honduras en sanción, pero después fue criticado por reconocer al gobierno de Lobo, quien ganó unas elecciones programadas posteriormente ese año.
Lobo asumió el poder en enero de 2010 y está limitado a un solo período de gobierno, que termina el año entrante.