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Refuta los señalamientos del Gobierno respecto de que la mayorí­a de las muertes violentas son ocasionadas por el crimen organizado y que la situación se ha «estabilizado» y señala como equivocada la polí­tica de «militarizar» la seguridad ciudadana.

– CEG: ¿Cuáles son los datos principales que destaca el reciente informe del CEG sobre seguridad y justicia?

– SA: Que la situación de violencia mortal, lejos de mejorar empeora dí­a a dí­a, sobre todo contra los grupos «vulnerables», como son niños, niñas, jóvenes y mujeres. Según datos de la PNC, Guatemala tiene un í­ndice de 17.8 muertos al dí­a. Al 31 de octubre, se contabilizan un total de 5,432 muertes violentas en lo que va del año, de éstas 602 son mujeres, 436 niños y niñas y jóvenes, que representan más del 55% del total de muertes violentas. La proyección de muertes para 2009 es de 6,500 asesinatos, lo que superarí­a el año más violento de los últimos 20, que fue el 2008.

Sigue siendo una constante que la gran mayorí­a de muertes son con armas de fuego: un 83.52%, por lo que éste sigue siendo uno de los graves problemas del tipo de violencia en nuestro paí­s: la proliferación de armas de fuego y la impunidad de quien comete un asesinato.

A nivel institucional, la debilidad principal radica en la ausencia de polí­ticas de combate a la criminalidad y la falta de investigación criminal como sistema, así­ como la falta de una institución especializada para enfrentar esta problemática. Falta implementar la Ley del Sistema Penitenciario, para cerrar el cí­rculo de la violencia con un sistema de rehabilitación y resocialización eficiente.

– CEG: Respecto de la violencia contra las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, ¿qué refleja el informe?

– SA: Estos son los grupos que más sufren la violencia mortal y que sufren mayores niveles de impunidad, aquí­ es donde el Estado falla de manera estructural, ya que estos son los grupos que deberí­an ser los más protegidos por las polí­ticas del Estado; sin embargo, los últimos gobiernos han hecho poco para reformar el sistema de seguridad y justicia para proteger a las mujeres, niños, niñas y jóvenes, al contrario casi el 90% de las muertes son parte de este sector poblacional.

La violencia contra las mujeres tiene caracterí­sticas de mayor gravedad y complejidad, porque se desarrolla en el ambiente familiar o por alguien conocido, como parte de una sociedad machista. En el año 2008, 42,141 mujeres interpusieron denuncia por violencia intrafamiliar, 2,212 casos por violación y 1,009 fueron lesionadas -en su mayorí­a con armas de fuego- y hay que reconocer que no se denuncia este tipo de delitos por temor, así­ que las cifras deben ser mayores. Con una adecuada investigación criminal se podrí­a dar con los responsables, sin embargo el nivel de impunidad sobre estos delitos supera el 97%.

– CEG: ¿Hay una relación entre pobreza y violencia?

– SA: La pobreza produce profundas brechas sociales y hace que nuestro paí­s sea uno de los más desiguales del mundo y esto lo que produce son conflictos sociales, no violencia. En nuestro paí­s la violencia mortal está relacionada con la tenencia y uso de las armas de fuego.

Es por eso que las zonas más pobres en Guatemala son las menos violentas, porque no tienen acceso a las armas de fuego, además se da otro fenómeno estructural que las zonas más pobres son las zonas indí­genas, que no tienen una cultura violenta, por eso tenemos las zonas indí­genas y pobres como las menos violentas del territorio nacional.

La idea de relacionar pobreza con violencia, tiende a criminalizar a la pobreza y estigmatizarla. Y es al contrario, el uso de la violencia la ejercen los que tienen el poder, lo tienen por el uso de las armas o por el respaldo de sectores de poder a sus intereses.

– CEG: El Gobierno también asegura que se ha logrado «estabilizar» la situación de violencia e inseguridad, en otras palabras que las cifras no han aumentado. ¿Concuerda usted con esta afirmación?

– SA: Lo único que se ha estabilizado es el crecimiento incontrolable de la situación de violencia e impunidad -heredada de la falta de polí­ticas en contra de la criminalidad, falta de instituciones fortalecidas y preparadas y sin financiamiento para enfrentar la problemática-, la falta de la implementación de las leyes que van hacia el modelo democrático de seguridad y sobre todo la falta de voluntad polí­tica para acabar con el flagelo de violencia e impunidad.

– CEG: ¿Qué hay detrás de la violencia y la inseguridad, cuáles son las causas principales que nos tienen en esta situación de altos í­ndices de criminalidad y asesinatos diarios?

– SA: Venimos de una guerra en que el Estado fue responsable por la muerte de 200 mil personas y de 50 mil desaparecidos, con un sistema total de impunidad, lo que estableció un precedente de relación entre la violencia del Estado y la impunidad total. La ausencia de Estado y de polí­ticas fueron reinstalando un mecanismo violento y armado para enfrentar los conflictos, con un sistema de impunidad garantizado, una mentalidad represiva y militarizada heredada de los regí­menes autoritarios que gobernaron nuestro paí­s y que establecieron una relación violenta entre el Estado y la sociedad. A todo esto hay que sumar el debilitamiento deliberado del Estado y sus instituciones -particularmente las instituciones civiles encargadas de dar seguridad y justicia- es decir, la falta de una reforma fiscal integral que permita al Estado cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Esto ha producido la privatización indirecta de la seguridad a partir de la proliferación de los «negocios de la violencia», a partir de la venta casi sin restricción de armas y municiones y la masificación de las empresas privadas de seguridad, sin ningún control del Estado.

– CEG: Profundicemos en este concepto de «negocios de la violencia» ¿a qué se refiere el CEG con este término?

– SA: Los negocios de la violencia simplemente son todos los mecanismos que se crearon después de la finalización de la guerra para privilegiar al sector militar-policial, a partir de la privatización de los servicios de seguridad; es el crecimiento desmedido y sin control de la venta de armas y municiones, así­ como de servicios de seguridad privada.

Actualmente, en Guatemala se venden 55 millones de municiones al año legalmente, cuando en el último año de la guerra se vendieron 21 millones, ¿Que quiere decir esto? Que la permisividad de la legislación permitió crear una clase económica que vive de la inseguridad ciudadana. Existe una Cámara de Seguridad que factura 1,200 millones de quetzales al año y dice que da 60 mil empleos. Autoridades afirman que existen 150 mil agentes privados de seguridad sin control, con 4 agentes de la PNC que los «controlan», tenemos una PNC de 20 mil efectivos y un ejército de 15,500 no hay proporción entre lo público y lo privado, por esto es que no hay capacidad institucional para responder a los retos de la violencia en Guatemala.

– CEG: El Gobierno asegura que una de las causas principales que ha generado más violencia fue el cierre de destacamentos militares y la reducción del Ejército. Esto dejó territorios libres para operar al crimen organizado, aseguran. ¿Qué opina usted sobre esta aseveración?

– SA: Esta es una aseveración sesgada que venimos oyendo por parte de los ex militares de la UNE, nunca en Guatemala el Ejército ha sido garante de la no violencia; al contrario, su historia está marcada por la violencia pendiente de resolver ante la justicia.

La reducción y el redespliegue militar fue un asunto resuelto por la ví­a de los Acuerdos de Paz, sacar al paí­s de la militarización era un asunto fundamental para construir la democracia. Los mandos militares de las diferentes épocas fueron los que establecieron la ubicación del nuevo despliegue militar, si hoy hay corredores, habrá que responsabilizar a los mandos militares que lo establecieron. Siempre han tenido la autonomí­a para reubicarse y lo hacen hoy nuevamente.

El nuevo despliegue militar con este gobierno preocupa, debido a que los municipios donde se está ubicando el Ejército son los que tienen menores í­ndices de violencia mortal, algunos con pasado represivo, pero son zonas de grandes intereses económicos y futura conflictividad social.

El problema de seguridad ciudadana no es un problema militar, lo que hay que reforzar y fortalecer son las instituciones civiles que son las encargadas de brindar seguridad y justicia en el paí­s.

– CEG: Ante este panorama desalentador de violencia, inseguridad e impunidad, ¿qué medidas deberí­an adoptarse en el plano legislativo, ejecutivo y judicial?

– SA: Existe un paquete legislativo pendiente de la Agenda Legislativa de la Paz, en materia de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y a esto se suman las propuestas legislativas de CICIG. Las leyes que deben aprobarse son: la de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la ley en materia de Antejuicio; reformas al Código Procesal Penal; la ley de Servicios de Seguridad Privada; Reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, una nueva Ley de Orden Público; las reformas a la ley de la PNC, la ley de Policí­a de Investigación Criminal; las reformas a la Ley de Amparo y a la ley en materia de Antejuicio; un nuevo Código Penal, la ley de la Defensa Nacional, la ley Constitutiva del Ejército, el Código Militar; la ley del Programa Nacional de Resarcimiento y la ley de Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Ví­ctimas de Desaparición Forzada.

Una responsabilidad importante ahora la tiene el Ejecutivo para implementar las iniciativas que han sido aprobadas y poderlas convertir en polí­ticas públicas; el Congreso debe asignar los recursos y el Gobierno transformarlas en acciones, un ejemplo claro es la ley del sistema penitenciario, una excelente ley que define una polí­tica, que ni siquiera tiene reglamento. Por lo tanto, el esfuerzo conjunto del Estado debe ser la implementación de ese marco normativo para ir transformando las acciones en seguridad y justicia.

CICIG ayuda fortaleciendo las capacidades del Estado para enfrentar la impunidad estructural, hay que atender las reformas legislativas e institucionales que propone la CICIG, algunas pasan por la reforma constitucional, es importante que los partidos polí­ticos incorporen al debate las polí­ticas estructurales y de Estado para poder avanzar.

– CEG: ¿Qué opinión le merece el Acuerdo Nacional de Seguridad y Justicia y qué hay que hacer para alcanzar los objetivos pactados?

– SA: El Acuerdo es la ruta a seguir, ya que va en la dirección del fortalecimiento institucional, creación de polí­ticas públicas nacionales; es el listado pendiente de los compromisos con los Acuerdos de Paz, el eje estructural son las reformas a Sector Seguridad y Justicia, elementos fundamentales para enfrentar la problemática que vive el paí­s.

Es importante que el Acuerdo Nacional se vea reflejado en los cambios sistemáticos y estructurales planteados, aquí­ ha sido crucial el papel de la Secretarí­a Técnica del Consejo Nacional de Seguridad; sin embargo, hace falta el involucramiento institucional de todos los responsables y la asignación de los recursos necesarios para que esto desemboque en los resultados que se esperan.

La oportuna presentación del Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, «Abrir Espacios a la Seguridad Ciudadana y el Desarrollo Humano», le da el sustento polí­tico y técnico de cómo enfrentar los problemas de la seguridad ciudadana desde un enfoque democrático y civil, da soluciones que enriquecen la agenda de prioridades para la «zona de paz» más violenta del mundo que es Guatemala.

Es evidente que los niveles de violencia e impunidad que hoy vivimos vienen del modelo de Estado injusto y desigual que tenemos, de la mentalidad represiva y violenta que prevalece; y que las soluciones transitan por la construcción de un Estado democrático incluyente, fuerte, con recursos y medios suficientes para las polí­ticas sociales, con instituciones sólidas y bien formadas, con polí­ticas públicas con enfoque preventivo y de soluciones integrales. En sí­ntesis, un sistema integral de seguridad y justicia eficiente y al servicio de los ciudadanos.