La semana pasada en este mismo espacio ironizaba sobre cuán «viva» está la estructura de control-represión del Estado que instaurara el régimen de Jorge Ubico. El temor impuesto durante los 14 años del régimen mediante el cual «delincuente visto, era delincuente ajusticiado», no fue desmantelado del todo. De hecho, el terrorismo de Estado también impuesto bajo el pretexto de luchar contra el «comunismo internacional» quedó como una renovada expresión de aquella estructura durante los años del conflicto armado interno.
De la lectura de la mayoría de los comentarios vertidos a partir de los trágicos sucesos del 19 de febrero puedo colegir las dos grandes debilidades del Estado fallido de Guatemala: 1. Que en efecto está cooptado por el crimen organizado (en casi cualquier esfera del poder político y, ?ojo? en muchas manifestaciones hegemónicas del poder económico); y 2. Que el aparato gubernamental recurrió al engendro de promover estructuras clandestinas encargadas de la «limpieza social» como en el pasado.
El próximo miércoles 7, en el pleno del Congreso de la República habrá de ser interpelado el Ministro de Gobernación. Aunque no resuelve nada por si solo esa medida, pero si tuviera algo de dignidad lo mejor sería renunciar antes de esa fecha. Con ello le da un leve aliento al Presidente y de paso se pueden plantear algunas acciones inmediatas y urgentes ya con él fuera del despacho.
El nivel de deterioro e inseguridad social prevaleciente podría implicar al menos las siguientes actividades: 1. Que todos los sectores y organizaciones llamen a una masiva manifestación de repudio ante la lamentable situación que vivimos en el país, (esperaríamos participar la mayor cantidad de guatemaltecos, asumiendo que los honrados somos mayoría).
2. Que de manera conjunta se involucre, mediante la creación de una comisión especial en el Congreso de la República, a algunos ciudadanos reconocidos por su honorabilidad y verticalidad frente a la problemática nacional (Dos por las Iglesias, tres por la Prensa, el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos, por ejemplo) para proponer las ternas tendientes a efectuar una sustitución total del nivel superior del Ministerio de Gobernación, así como proponer una serie de procedimientos ?normativos y administrativos? a ser aprobados unos por el Congreso (por la vía de la urgencia nacional) y otros por el Ejecutivo a fin de depurar las filas de la PNC y del Ministerio Público.
3. Reestructura integral del Ministerio de Gobernación para separar expresamente las funciones referidas a la seguridad ciudadana de las relacionales entre gobernantes y gobernados. 4. Que el proceso conlleve la formulación de las propuestas y su puesta en marcha en un lapso que implique asumir tales antes de que concluya el presente mes. 5. Suspender momentáneamente los puestos de registro conjuntos entre los agentes de la PNC y el Ejército y que las unidades vehiculares y motorizadas en sus patrullajes circulen en pares para evitar abusos y excesos en lo posible.
6. Fortalecer la Oficina de Responsabilidad Profesional a fin de consolidar toda la información en los expedientes de los policías e investigadores corruptos. 7. Desarrollar reuniones vecinales en las que la totalidad de los agentes de las comisarías respectivas se presenten ante las mismas y coordinar esfuerzos conjuntos para prevenir actos delincuenciales. Y 8. Acudir al apoyo del Organismo Judicial en la mayoría de casos para certificar lo conducente.