DESDE LA REDACCIí“N
María R. tiene 24 años. Se vino de Jutiapa porque, un día cualquiera, se despertó hastiada y con la boca amarga de ver la miseria a la que fue condenada en este país que crece en riquezas aunque millones nunca las vean.
Fue acogida en una casa en donde, además de techo y comida le ofrecieron estudio. La oferta fue tentadora, aunque ella quería trabajar. «No es edad de estudiar», pensó sin decirle a la persona samaritana que, como agradecimiento, la socorre en los quehaceres diarios.
María invirtió, con un poco de ayuda, Q225 en la inscripción del colegio que la aceptó cursar por madurez el primer grado básico. A su edad, era impensable que ocupara un pupitre en alguna escuela pública y mucho menos de fin de semana.
Paga cada mes Q100 de cuota mensual, que en acumulado de los once meses lectivos, tendrá que desembolsar Q1,100. Ya pagó Q200 en la compra de su material educativo y hizo cálculos que entre uniforme, pasajes y almuerzos de cada sábado de clases gastará mil 280 quetzales.
El retomar los estudios, aunque ya sea las veredas de los veintitantos años, emociona a María. Luego quiere ser enfermera. Y se ve ataviada de blanco en los pasillos de algún centro médico. La jutiapaneca está cambiando así su destino de miseria a la que estaba condenada, en donde sus vecinos aún carecen de luz, el agua la reciben en chorros comunales y su menú diario, si bien les va, no pasa de frijoles calentados en ollas de barro.
Haciendo cálculos fríos, María invertirá cada año cerca de 2 mil 800 quetzales. En los tres años del básico serán 8 mil 500. Después ya buscará la forma de financiarse el siguiente escalón académico. No aspira, claro, una carrera universitaria, pero sí a una técnica que le haga tener el título de enfermera lo más pronto posible.
El martes pasado, mientras hacía las compras, sin querer su mirada fue acaparada por el titular del rotativo Siglo Veintiuno Apenas sabía que era el Tribunal Supremo Electoral, pero se ofendió al leer que los responsables de esa institución se habían autorecetado un jugoso bono de aniversario, que por el aniversario se merecían los trabajadores.
Bien por ellos. Se dijo en su ingenuidad, pero al avanzar en la lectura su indignación creció al saber que también los magistrados recibirían el mismo beneficio cuando su salario oscila entre los 46 mil y 50 mil quetzales.
Llegó a casa y con el recorte hizo los cálculos. Son cinco, los primeros cuatro ganan 46 mil 650 quetzales, eso significan 186 mil 600. Le sumamos los 50 mil 650 que recibe la presidenta, da un total de 237 mil 250. Cerca de un cuarto de millón de quetzales. Terminó su operación matemática y puso una expresión que bien podría resumir la indignación que sienten los pobres al descubrirse en el lado más triste en el juego de la injusticia.
Con ese dinero, no sólo María bien podría costearse sus gastos sino también otras 27 personas en su condición.
Es cierto que las condiciones de vida en el país están deteriorándose. La carestía producto de la inflación sin precedentes está apretándole el cinturón a muchos guatemaltecos. Pero, con medidas como las tomadas esta semana por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de erogar esa cantidad de dinero no soluciona nada. Tal vez engorda sus cuentas, pero al país no le brinda ningún paliativo.
Lo anterior únicamente demostró que los fondos del Estados se pierden en situaciones similares a las del TSE. Que no está mal darle incentivos a los trabajadores, de ello no hay duda. Pero cuando se trata de aquellos que, en relación a la media nacional, no tienen la necesidad como la de la gente del pueblo de María, es de rasgarse las vestiduras.
Si así como el dinero se pierde en meros ajustes administrativos, la inversión urgente que se necesita en un país como Guatemala nunca llegará. Las instituciones públicas deberán autoevaluarse y ser más concientes en la forma en que sus presupuestos seran invertidos. Invertidos, no inventados.
Por Eswin Quiñónez
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