Por encima de las leyes de transparencia y acceso a la información, en el Congreso prevalecen costumbres de ataño, actualmente consideradas ilegales, que mantienen en las sombras los asuntos más importantes de la política parlamentaria, como los salarios e ingresos de los diputados y funcionarios de ese organismo, las discretas negociaciones en torno a la aprobación de leyes, y los negocios estatales que involucran a personas cercanas a los legisladores.

Lo que en el hemiciclo no quieren que se conozca, se expone a continuación.

Quien intente fiscalizar el trabajo de los diputados podría llevarse una gran decepción al encontrarse con las puertas cerradas para obtener información pública y actualizada, y por otro lado, no debería extrañarse al encarar obstáculos y resistencia al escudriñar en los asuntos de la política parlamentaria.

Esto porque en el Organismo Legislativo todavía tienen peso costumbres de antaño que contravienen las leyes vigentes de transparencia, libertad de prensa y acceso a la información.

Pero no es una casualidad, porque justamente esas prácticas que dificultan a la ciudadanía supervisar el trabajo de los diputados, resultan muy efectivas y oportunas para quienes se benefician con la discrecionalidad del quehacer legislativo.

SALARIOS: LA PUNTA DEL ICEBERG

Los salarios y demás ingresos de los diputados son una de las más grandes incógnitas en el Congreso, porque contraviniendo la Ley de Acceso a la Información Pública, estos datos no se encuentran disponibles en el portal Congreso.gob.gt, según lo constató La Hora.

El numeral 4 del artículo 10 de la referida ley establece que “los salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto” son parte de la información pública de oficio que los organismos de Estado deben publicar y actualizar en sus portales.

Esta violación a la ley no es una noticia nueva. Desde la entrada en vigencia de las normas de acceso a la información, los diputados se resistieron a hacer públicos los informes sobre sus ingresos por conceptos de salario, dietas por plenarias, fiscalización y comisiones de trabajo, aduciendo que podrían ser víctimas de extorsiones, y los directivos de entonces consintieron la petición de sus compañeros.

El exdiputado Aníbal García, secretario general del Movimiento Nueva República, considera que los integrantes de la Junta Directiva manejan con total discrecionalidad temas como la contratación del personal, al punto que ese tópico ya es parte de un “estira y encoge” de la política y no de la administración legislativa.

“Ellos manejan en total discreción todo lo que es contratación de personal y ese punto es sensible”, explica García, pero aclara que “no sabemos en cierta manera que si estas personas trabajan, porque existen rumores de que muchos diputados solo las contratan para repartirse el sueldo y se quedan con la mitad del salario”.

Esta es solo la punta del iceberg de la discrecionalidad.

LEYES BAJO LA MESA

Pensar que en las oficinas parlamentarias se estudian las iniciativas de ley y que en el hemiciclo se discute su aprobación no es precisamente estar apegado a la realidad; eso lo explica Héctor Nuila, exdiputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, quien considera que la negociación “por debajo de la mesa” es una de las costumbres más lesivas y oscuras del Congreso, y a pesar de todo, sigue vigente.

Al margen de lo que ocurre entre los muros del hemiciclo, los diputados se reúnen en oficinas privadas, restaurantes y otros inmuebles para pactar acuerdos que no siempre trascienden a la opinión pública. ¿Por qué?

En las negociaciones para la aprobación o no de las leyes que se conocen en el pleno, los diputados crean acuerdos “de palabra” -ya que no pueden dejar evidencias- que contemplan pagos económicos a sus colegas a cambio de su respaldo, además de votos para otras iniciativas, componendas para elección de funcionarios o pactos para beneficiar a contratistas allegados con asignación de obras públicas, refiere una fuente legislativa.

Es un secreto a voces, pero los electores que les han llevado hasta la curul, en la mayoría de ocasiones, no conoce lo que hacen sus representantes.

“Cuando una ley afecta intereses económicos, a pesar de que tenga un dictamen favorable, ni siquiera llega hacer conocida en el pleno como tal”, señala el exdiputado, quien estima que “las implicaciones de trabajar asuntos por debajo de la mesa es sobre todo (…) porque se siguen interponiendo intereses personales y no los comunales”, advierte Nuila.

Este tipo de negociaciones se da mayormente entre las bancadas que cuentan con fuerte número de integrantes y estas negociaciones “extraoficialmente se intuye que son parte del juego de cuánto me das y cuánto no”, afirma.

Según Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, lo peor que pueden hacer los diputados después de lograr acuerdos en las mesas de trabajo es seguir negociando bajo la mesa la aprobación de leyes que benefician solo a cierto sector del país.

“Las leyes se deben de negociar de acuerdo a propuestas e ideas. Debería de estar establecido cuales son los derechos de los diputados para que el tema de la aprobación de leyes y creación de comisiones no sean un negocio, sino que cada quien sepa qué le corresponde y eso debería estar claramente establecido en un reglamento”, señaló Marroquín.

PUERTAS CERRADAS Y FALSA TRANSPARENCIA

Las reuniones a puerta cerrada de los jefes de Bloque generaron un rechazo profundo entre periodistas y activistas por los derechos civiles, quienes consideran la medida recientemente adoptada en esa instancia como un retroceso en la libertad de prensa.

Sin embargo, un asesor parlamentario, quien pide el anonimato, considera que antes “las puertas tampoco estaban realmente abiertas para la prensa” y considera se había visto muestras de una “falsa transparencia” tras una supuesta política de “puertas abiertas”.

Y explica: “En la legislatura anterior los jefes de Bloque, antes de su reunión, sesionaban en una sala de la Junta Directiva. Ahí sí exponían sus argumentos, e incluso se peleaban. Ahí se decía toda la verdad, a veces con acuerdos y otras, con gritos e insultos”.

La fuente parlamentaria explica que “después hacían la reunión oficial de jefes de Bloque, y los periodistas entraban, pero ya estaba todo acordado previamente”, aunque siempre habían “diferencias entre los dirigentes de las bancadas”.

 “Cerrar las puertas de las reuniones está mal, pero hay que ver que antes tampoco había una verdadera transparencia (…). Las personas deberían enterarse de lo que de verdad pasa en el Congreso; lo que se conoce es muy diferente a lo que de verdad sucede”, apunta.

Además, recuerda cómo se limitó a algunos periodistas a acercarse a los diputados cuando se impidió el paso de los comunicadores por un pasillo que conectaba directamente con el pleno, y que se ubicada junto al palco de prensa. “Fue una de varias medidas que pasaron inadvertidas”.

RENDIR CUENTAS

Rosa María de Frade, exdiputada por la Bancada Guatemala, indica que de acuerdo con la Constitución Política de la República, todos los actos de la administración pública son públicos.

“Los diputados son representantes del pueblo de Guatemala y por lo tanto deben rendir cuentas en todas sus actuaciones públicas. Ellos tienen que darle acceso a la población y a la prensa no solo por la Ley de Acceso a la Información, sino por la libre expresión del pensamiento”, señaló De Frade.

“El tema de los salarios, las dietas, las comisiones todo debe de ser información pública, entonces no se puede tomar en consideración el deseo del diputado de querer o no dar la información, ya que es una obligación constitucional rendir cuentas”, puntualizó.