Me parece curioso que, de un tiempo para acá, cualquiera que esté implicado en un caso de «alto impacto», se queja de amenazas de muerte en su contra. La Directora de la PNC, el Ministro de Gobernación, hasta el mismísimo Presidente y, ahora, hasta el Ministro de Defensa. ¡Qué casualidad! No dudo de la veracidad de esta información. Sin embargo, tampoco dudo que en anteriores ocasiones, en otros gobiernos, también hubo varias amenazas, sin que se hicieran públicas.
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Ser figura pública implica ganarse la enemistad de varios sectores, aún más si -como dice el Gobierno- está luchando contra el crimen organizado. Con sobradas razones, he de suponer otra larga lista que, seguramente, tiene amenazas, iniciando desde el mismo doctor Castresana hasta el diputado menos mediático. En otras latitudes, me imagino que Obama, Sarkozy, Bush y tantos otros reciben, al menos una vez al mes, amenazas de muerte, pero éstas no trascienden tanto.
Y, habría que hacer la salvedad, de que el grueso de la población, los gatos que no reciben atención de los medios de comunicación, también se han de sentir amenazados de muerte con tanta violencia e impunidad; o los que están siendo extorsionados, que de hecho están amenazados de muerte.
El tema de la seguridad ciudadana pasa por la percepción del pueblo. Quiero decir, pues, que la violencia hace mucha bulla, es mediática y escandaliza, mientras que la seguridad es calladita y ningún medio de comunicación entrevista a alguien que no ha sido asesinado, por ejemplo. Para hacer perceptible la seguridad, se debe pasar por «grandes» operativos de seguridad, «fructíferas» requisas en cárceles, o «escandalosos» arranques de matas de marihuana.
Y no dudo de que el Estado esté haciendo algo por combatir el crimen organizado, sobre todo el Organismo Ejecutivo; el Legislativo casi no… es incapaz de aprobar leyes de seguridad, y no digamos nada, mejor, del Judicial, para ahorrarse un poquito de bilis.
El combate al crimen organizado se está enfocando mal, sobre todo porque no aprendemos de experiencias de nuestros vecinos; creemos, en consecuencia, que con quitarle la tele a los extorsionistas desde la cárcel, estamos haciendo mucho.
Es paradójico, por ejemplo, que la Directora de la PNC argumente que las amenazas han sido recibidas desde una cárcel, de un celular, y que seguramente la molestia se debe a las requisas que han efectuado. Y, si están molestos por las incautaciones, ¿cómo carajos tienen celular para hacer amenazas?
Ayer, el Superintendente de Bancos, en el marco de la reunión del Grupo Egmont, aseguró que se implementará un plan para detectar el lavado de dinero. Desde las transacciones bancarias, de carácter abusivo, se puede ejercer un mejor control de lo que sucede en el crimen organizado.
Si la lucha la enfocamos sólo al detener al Cachetes en el Preventivo, pero sabiendo que desde allí él y cualquiera puede seguir operando a través de celulares y por Internet, de nada nos sirve. La experiencia en otros países, sobre todo en Colombia, demuestra que la mejor forma de combatir el crimen organizado es a través del pisto, porque eso es lo que realmente les duele.
Nos urge, en consecuencia, una ley contra el enriquecimiento ilícito, que corte de tajo todas las ganancias que se logren en el crimen organizado y dentro de los aparatos paralelos de poder incrustados en el Estado. Eso sí que les duele a los delincuentes: quedarse sin el fruto del sudor de su frente.