Se acerca la fecha de conmemorar la Revolución de Octubre de 1944 en Guatemala, momento en que nuestros políticos acostumbran hablar hasta por los codos para intentar convencer a las multitudes de que son émulos de la tantas veces mentada justicia social, como de estar preocupados por el bienestar de nuestra población en general, especialmente el de los menesterosos. A quienes hemos aprendido de qué pata cojean estos personajes, no nos engañan, aunque malgasten fondos públicos importando cuadros de pintores mexicanos; adornen el Palacio Nacional como si fuera aquel salón de zarabanda llamado la «Flor del Chinique»; como que sigan diciendo por medio de la televisión que les viene del norte las críticas que se les hagan.
La gran gesta revolucionaria está arribando a su sexagésimo sexto aniversario, lo que matemáticamente indica que los jóvenes de 18 años de aquel entonces ahora cuentan 84 floridas primaveras y, si son ciertos los datos proporcionados por las entidades estadísticas del país, de que el 40 por ciento de chapines morimos después de los 65 años, van quedando cada vez menos los que pueden dar testimonio pleno de la lucha realizada por aquellos tiempos en que se promulgaban leyes que buscaban afanosamente esa justicia social. A los hechos me remito. Pero ¿en qué condiciones están hoy día los integrantes de la tercera edad?, ¿cuentan con instituciones capaces de poder brindar una correcta atención a sus necesidades?, ¿las prestaciones en dinero y en servicio están a la altura de las condiciones y circunstancias? Triste es comprobar que ninguna de las preguntas ahora puedan ser contestadas afirmativamente, peor todavía es comprobar que en pleno Siglo XXI el 70 por ciento de nuestra población de la tercera edad no tiene ninguna atención ni ayuda en el otoño de su existencia. Llena de cólera el ánimo de cualquier chapín comprobar que los integrantes de la casta política a través del tiempo, se han llenado la boca diciendo que admiran la gesta del 44, pero tristemente ahora es más evidente que se hayan dedicado solo a satisfacer sus intereses personales hasta llegar a ver que instituciones, como el Hogar San Vicente de Paul, sigan atravesando la interminable crisis en que les falta de todo. No entendemos la cacareada justicia social de los gobiernos. ¿Cómo es posible que cínicamente hayan concesionado las franquicias de locales de Puerto Libre en el Aeropuerto La Aurora, dejando con ello en las cuatro esquinas a las entidades de beneficencia social, las que a través de un trabajo lícito obtenían sus recursos, como que estas sean las horas en que con uno de los más descarados tráficos de influencias siga dando frutos a intereses particulares, en vez de apoyar a las instituciones que ante la ineficacia del Estado han tenido que sustituirlo con un trabajo digno de apoyo, como de exitosos resultados?