Dejo para más adelante la publicación de lo que ya tengo elaborado acerca de los aportes que enriquecen la historia y que inicié la semana pasada. En esta oportunidad me referiré a lo que, de un tiempo para acá, caracteriza a la administración pública: la corrupción.
\ Carlos Gonzáles \
Se pervierte todo aquello que siendo bueno se convierte en malo. Quien corrompe es un perverso y quien se deja corromper, también. Quienes así proceden, delinquen. En la administración pública y en lo social e individual, se es corrupto cuando se desvirtúa y desnaturaliza lo que tendría que hacerse bien, correctamente, con decencia, honestidad y transparencia.
De un tiempo para acá, no es así como se procede. Lo que moral y éticamente se identifican como “principios y valores” a observar y preservar, en lo político y gubernamental, se han violentado y desvirtuado: corresponden a un sistema en descomposición, agotado, caduco, corrupto.
La política y la administración pública, estrictamente hablando, debería ser la forma por excelencia de proceder a fin de alcanzar el bien común y social, el ejercicio del buen gobierno; ser el soporte principal e institucional para fortalecer y afianzar los poderes del Estado, las instituciones, sus funcionarios y autoridades.
Sin ir muy lejos, a partir de la “transición democrática” (1986), son más las dudas que persisten acerca del origen de las fortunas acumuladas por la mayoría de gobernantes, sus principales funcionarios, allegados y beneficiados.
No se está sólo ante el dinero legítimamente obtenido de los ingresos en concepto de sueldos y prestaciones sino de fortunas de dudosa procedencia y resultado, por un lado, de la gestión pública y gubernamental corrupta y, por el otro, de cuantiosas sumas obtenidas a la sombra del poder político y la administración pública. En este caso, se está ante fortunas acumuladas por los financistas de campaña y contratistas de compras, obras y servicios a cargo del Estado.
En estos días, como no podría ser en otro momento, han salido a flote las disputas entre dos o tres de los posibles presidenciales del oficialismo y de lo que depende, a su vez, su continuidad gubernamental. Están en pugna, además, intereses económicos y políticos nada confiables que, aunque no estén suficientemente definidos, permiten advertir que lo que tratan es evitar el continuismo y salirle al paso a cualquier forma de imposición oficial.
Lo de los bonos del tesoro y los dos préstamos, es, además del telón de fondo, un escandaloso negocio más que enriquecerá a parte de la cúpula gobernante y a empresas particulares, según se dice, de dudosa competencia y honorabilidad en lo que se refiere a compras, servicios y contratos de obras de infraestructura, mantenimiento y reconstrucción.
Si el Congreso aprueba los 3 mil 500 millones de quetzales en Bonos del Tesoro y si también aprueba los dos préstamos por 3 mil 400 millones de quetzales, no es difícil presupuestar lo que le va a quedar a los diputados de “oposición” que se alinien a la propuesta gubernamental y lo que pueda corresponder a quienes tengan a su cargo el pago de la deuda de arrastre y la utilización de los préstamos. El regateo se podrá prolongar unos días más. El forcejeo, también. Es así como la labor legislativa y la administración pública se pervierten y se corrompen.
En el caso de los bonos y de los dos préstamos, lo que en realidad está en juego es la institucionalidad y gobernabilidad del país. Es decir, nuestro futuro.