Sólo falta que los diputados quieren modificar el Código Penal para que puedan no sólo robar tranquilamente, sino también gozar de protección especial si cometen algún crimen de sangre. En el fondo serí­a exactamente igual a lo que ahora están proponiendo con la Extinción de Dominio o si pretenden que la ley de enriquecimiento ilí­cito pase pero sin que afecte para nada a los funcionarios o dignatarios de la Nación, sino que simplemente se aplique a los particulares para evitar «cacerí­as de brujas».

Hace pocos dí­as publicamos una declaración del dirigente Otto Pérez Molina, seguro candidato presidencial del principal partido de oposición, diciendo que quienes se opongan a la extinción de dominio están asociados con el crimen organizado, pero resulta que sus mismos compañeros de partido están poniendo trabas a la ley para evitar que sea aprobada como está, por considerar que pueden ser objeto de persecución polí­tica mal intencionada.

Quien está limpio ni de jabón necesita, decí­an antes las viejitas, pero ahora resulta que los polí­ticos no pueden tener ese tipo de confianza y por lo tanto quieren asegurarse todo tipo de protección para gozar impunemente de los dineros mal habidos. En Guatemala se consolidó la idea de que la vergí¼enza pasa pero el pisto queda y con ese criterio hemos visto a ciudadanos tanto del sector público como privado, hartarse con el dinero ajeno y gozar tranquilamente del dinero mal habido. La idea de una ley que permita confiscar los bienes mal habidos es fundamental para combatir al crimen organizado pero también es fundamental para combatir la corrupción, puesto que únicamente la idea de que el aparato de justicia se pondrá en marcha para recuperar lo mal habido puede ser instrumento para que los largos se contengan siquiera un poco.

La corrupción tiene que ser vista como la madre de todos los males, puesto que los pí­caros son los que abren el camino para que el crimen organizado haga micos y pericos. Los narcotraficantes se han desplazado a Guatemala porque nuestra debilidad institucional alentada por la corrupción es el aliciente para que finquen sus reales en nuestro territorio.

En la medida en que nuestros polí­ticos y funcionarios sigan actuando en busca del dinero fácil, el paí­s será el arca abierta para que se propaguen las más variadas formas de crimen organizado y que florezca el enriquecimiento ilí­cito en el que son y serán cómplices los delincuentes comunes con los polí­ticos que ponen no sólo su alma en venta, sino los privilegios que pueden otorgar desde sus posiciones. Siempre pensé que aunque fuera por recato, los diputados tendrí­an que aceptar la ley de Enriquecimiento Ilí­cito porque no serí­an tan cueros de admitir que son corruptos como para pretender que la corrupción fuera excluida de las causas de adquisición de bienes en forma ilí­cita e inmoral. Pero la capacidad de sorpresa de uno se queda en pañales porque está demostrado que no se andan con tapujos y que les importa un pepino lo que la opinión pública pueda pensar. Saben que serán criticados durante algunos dí­as, pero al final de cuentas terminarán gozando del dinero mal habido porque, una vez más, se nota que la vergí¼enza pasa pero el pisto queda.