Como se recordará, los hermanos Valdés Paiz se encuentran guardando prisión en el Cuartel Matamoros, por su supuesta participación en el asesinato de Rodrigo Rosenberg, hecho ocurrido en mayo del año recién pasado y por el cual inicialmente se habí­a generado auto de prisión en su contra, por el delito de homicidio, atribuyéndoles una participación como cómplices en el mismo. Todo luego de su entrega voluntaria. De conformidad con lo revelado por Valdés Paiz, la negociación habrí­a consistido en su inmediata entrega a cambio de ser detenidos en el cuartel en donde actualmente se encuentran, ser procesados por un delito menor y que no se presentaran acciones criminales en contra de sus esposas. A los efectos y a los ojos de cualquier extraño, lo dicho, la negociación, se cumplió, es decir, se entregaron, guardan prisión en Matamoros, (es más, como se recordará la ley que permite que se guarde prisión en centros distintos a los del sistema penitenciario fue publicada dos dí­as antes de la entrega), fueron procesados inicialmente por un delito menor y sus esposas no fueron denunciadas. Sin embargo y sin lugar a dudas lo denunciado por Francisco Valdés amerita una inmediata investigación y es que resulta que no existe en nuestra ley ninguna posibilidad de que una autoridad coaccione o amenace a ninguna persona para que realice determinada actitud en su contra, es decir no puede Carlos Castresana intimidar a una persona para que se entregue bajo amenazas de que si no lo hace su esposa puede ir a la cárcel y es que, de ser ciertos los hechos denunciados, el ex funcionario, si así­ puede calificársele, estarí­a cometiendo cuando menos el delito de coacción, si realmente lo hizo o el de omisión de denuncia en el caso de haber tenido realmente pruebas en su contra y no haberlas utilizado. Lejos de acusaciones de complots u otros sueños que motiven el desvelo de algunos, hay algo que es innegable, la impunidad es, como su nombre lo indica, la ausencia o falta de castigo, la no pena. La CICIG fue creada para ayudar a acabar con esa lacra que es la impunidad, acción sin duda alguna, extremadamente necesaria en Guatemala, sin embargo sus actos no pueden venir por el lado oscuro de la calle o generarse del mismo poder omnipresente que nos ha llevado a necesitar a la CICIG. Corresponde entonces a la misma Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, ya que ningún juez o autoridad lo intentará, cuando menos para limpiar el entredicho, realizar una investigación sobre los hechos denunciados por Francisco Valdés Paiz, de lo contrario él, su hermano y sus familias estarí­an siendo ví­ctimas de la misma impunidad que la CICIG afirma que vino a combatir.