La primera audiencia de cinco acusados por los ataques del 11 de setiembre de 2001 ante un juez en la base naval de Guantánamo (Cuba) no silenció a los críticos del sistema instaurado por Washington para juzgar a los detenidos en la «guerra contra el terrorismo».
Se trataba del primer verdadero examen para los tribunales militares de excepción creados algunas semanas después de los atentados, invalidados en 2006 por la Corte Suprema, restablecidos poco después por el Congreso, y marcados luego por una serie de reveses que postergaron permanentemente el inicio del primer proceso.
«Era un circo», «era ridículo», «esto mancha el uniforme»… Ni los abogados defensores ni los militares, habitualmente discretos, ocultaron anoche su disgusto por la audiencia en la sala ultramoderna totalmente renovada de la base naval estadounidense en la isla de Cuba.
Las apariencias, sin embargo, se respetaron. Los cinco hombres parecían en buena forma, cada uno acompañado de abogados diligentes, y aunque sus diálogos con el juez Ralph Kohlmann parecían a veces surrealistas, el tono fue amable.
Uno a uno, los acusados rechazaron la ayuda de sus abogados y pidieron la pena de muerte para dar la vida como mártires.
«Realmente no es una sorpresa que tras haber sido encarcelados y aislados durante cinco años y sometidos a torturas, esos detenidos rechacen el sistema judicial y las propuestas de sus defensores», comentó Anthony Romero, director de la poderosa asociación de defensa de las libertades ACLU, presente en la audiencia como observador.
El responsable de los abogados militares, el coronel Steven David, denunció la precipitación del juez a la hora de convocar la audiencia sin darles tiempo a los abogados a ganarse la confianza de sus clientes, con los cuales pudieron pasar como máximo unas veinte horas, mientras que la acusación se prepara desde hace años.
La defensa criticó vivamente la decisión del juez de dejar que los acusados conversaran entre ellos antes y durante los debates, en oposición con los esfuerzos realizados durante años por el gobierno para impedir que lo hicieran.
A pesar de que el tono parecía a veces jocoso, «estaba claro que Khaled Cheikh Mohammed intentó intimidar» a algunos de los otros acusados para empujarlos a que siguieran su ejemplo, declaró el mayor Jon Jackson, abogado de Mustafá Ahmed al-Hawsawi.
Visiblemente enojada, la comandante Suzanne Lachelier, abogada de Ramzi ben al-Shaiba, deploró «la ausencia de interés en honrar los principios por los que estos muchachos están luchando allí en Afganistán e Irak», una puesta en escena que «mancha el uniforme».
Ex abogado del francés Zacarias Moussaoui, condenado por un tribunal federal a prisión perpetua por complicidad en los atentados del 11 de setiembre, Edward MacMahon defiende a Wallid ben-Attash.
Como los cinco acusados ayer, Moussaoui también intentó rechazar a sus abogados y manipular el procedimiento, «pero nadie en la sala de audiencia pensó que fuera una buena idea», explicó Edward MacMahon, quien deploró que el juez Kohlmann dejara que «los acusados montaran un espectáculo».
El coronel Lawrence Morris, fiscal general de los tribunales, no era de la misma opinión: «Quédense aquí, observen cada minuto del proceso (y) quedarán impresionados y estupefactos del respeto a los derechos de los acusados», aseguró a la prensa.
Animada por esta convicción, la acusación pidió al juez que fijara el inicio del proceso para mediados de setiembre, una época tan vinculada a la campaña electoral que los abogados defensores prefirieron sonreír.