Pocas veces resulta tan cierta la expresión cuando además de agua nos cae una lluvia de arena volcánica como ocurrió anoche tras la violenta erupción del volcán Pacaya que no sólo causó serios daños materiales y pérdida económica, sino también cobró la vida de, por lo menos, una persona, el colega periodista Aníbal Archila, quien se encontraba en las proximidades del cráter cuando se produjo la explosión que lanzó lava y rocas ardientes a varios metros de altura.
De ajuste, Guatemala está sufriendo también los efectos de un sistema de baja presión en el litoral Pacífico que ha generado intensas lluvias en prácticamente todo el territorio nacional, lo que complica más aún la situación ahora porque el riesgo de que se puedan tapar las tuberías de los desagí¼es pluviales es enorme. Una de las labores más importantes de realizar con urgencia es la recolección de la arena volcánica para impedir que los torrenciales aguaceros la lleven a los tragantes, porque ello podría significar un colapso de todo el sistema de drenajes y causar serias inundaciones. Y como las malas noticias generalmente van acompañadas, resulta que en la costa norte de Nicaragua hay un disturbio tropical que se mueve hacia el oeste y podría descargar más agua sobre el territorio nacional, comprometiendo así la situación de miles de familias que viven en terrenos que han sido considerados como extremadamente vulnerables por la posibilidad de deslaves. De suerte que estamos ahora en una situación de alerta que debe traducirse en la adopción de medidas serias de evacuación de aquellas comunidades en mayor riesgo. Los países que tienen buenos sistemas de prevención de desastres logran enfrentar la fuerza de la naturaleza cuando es predecible, gracias a eficientes métodos de evacuación y traslado de las personas vulnerables a sitios seguros. En Guatemala hay un mapa más o menos completo de la vulnerabilidad de los terrenos, especialmente por el peligro de deslizamientos de tierra, y es necesario que ante la certeza del mal tiempo que nos está afectando se adopten las medidas necesarias. El Gobierno ha declarado el estado de Calamidad de conformidad con la Ley de Orden Público, lo que le permite a las entidades de socorro forzar a las evacuaciones que hagan falta y para ordenar a la fuerza pública que proceda a la protección de los inmuebles y los bienes que puedan quedar en esos sitios mientras los pobladores son ubicados en albergues temporales. Ahora lo que procede es implementar la acción para minimizar de esa manera el impacto de los temporales que, lamentablemente, afectan a la población de menor recurso económico que es la que se encuentra en mayor peligro y vulnerabilidad.