Luego del paro de los pilotos del transporte de carga que terminó cuando el Gobierno recurrió a la Ley de Orden Público para restringir la vigencia de las garantías constitucionales, se ha comentado sobre lo que muchos guatemaltecos consideran como forma impropia de manifestar por el perjuicio que las medidas de hecho causan a la colectividad. Sin embargo, poco se dice sobre la actitud generalmente indiferente que las autoridades muestran ante los reclamos de la población y que precisamente porque quien enmarca sus reclamos y peticiones en el procedimiento ordinario nunca obtiene resultados, es que en Guatemala el que no se hace escuchar con acciones de hecho generalmente no logra resultados.
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Los pilotos del transporte pesado venían reclamando atención a sus problemas laborales desde hace mucho tiempo y no fue sino con el paro que lograron la atención del Vicepresidente que se reunió con ellos para escuchar sus peticiones. Los pobladores de Fraijanes rechazaron el aumento al precio del pasaje, pero si lo hubieran hecho presentando memoriales a la Municipalidad y a las autoridades que controlan el transporte extraurbano, nadie les hubiera hecho caso. Pero al salir a la calle, con todo y estado de prevención, hicieron que las autoridades y los transportistas acordaran suspender el alza para analizar la situación y buscar una salida.
Desafortunadamente los hechos nos demuestran que quien no hace bulla no logra resultados porque nuestras autoridades se han acostumbrado a actuar sólo bajo presión. Los grupos de pobladores que tratan de enmarcar sus acciones en los procedimientos administrativos normales, generalmente reciben el silencio como respuesta porque raro es que alguna dependencia se tome la molestia siquiera de dar trámite a las cuestiones sometidas a su jurisdicción. Vivimos en un país donde las instituciones perdieron el sentido de su responsabilidad y se da por sentado que no tienen por qué andarle poniendo atención a la petición ciudadana.
Por ello cuando el pueblo siente que necesita ser escuchado, no tiene otro remedio que recurrir a la medida de hecho que afecta la vida ordinaria de otros ciudadanos y solo cuando ello ocurre puede tener la esperanza de que serán por lo menos oídas sus peticiones.
Y ahora que estamos entrando en una etapa que los analistas consideran riesgosa por las implicaciones políticas que tendrá la crisis económica y su efecto en la gobernabilidad del país, sería deseable que los funcionarios mostraran una actitud diferente para atender a la población, a fin de que no se haga necesario recurrir todo el tiempo a esas acciones en la vía pública que son tan criticadas pero que, a la luz de nuestra realidad, terminan siendo absolutamente indispensables.
No es que sean la «música de la democracia» como alguna vez dijo Cerezo. Son la expresión de un pueblo que entiende cómo funcionan las cosas y que ante la indiferente irresponsabilidad de sus autoridades, no tiene más remedio que recurrir a la presión para que les pongan atención. Si la población percibiera que sus autoridades cumplen celosamente con el deber de atender el derecho ciudadano de petición, lo ejercerían por los canales ordinarios y esperarían confiados una solución, una respuesta a sus necesidades. Pero como aquí siempre actúan bajo presión y el pueblo no tiene el acceso que tanto privilegio ha otorgado a los grupos de poder, no queda otra que protestar y hacer bulla para que alguien se digne a escuchar.