La juez De León Santos señaló categóricamente que la causa ya había sido desestimada por el tribunal Quinto de lo Penal previamente, que incluso habían dictámenes que obraban en poder del Ministerio Público en donde se desvirtuaban las sindicaciones que el MP insistía en sustentar y que la Contraloría General de Cuentas no había respaldado la pretensión por lo que ella, como juzgadora correcta, había desestimado la acusación por falta de mérito, que en todo caso, como también lo había reconocido la jefe de dicha Sección de Corrupción del MP, Raquel Sáenz, el fallo podría ser sujeto de apelación ante la sala respectiva, procedimiento legal que podía cambiar su fallo.

d) Dentro de las recientes noticias de prensa, y así lo reiteró la Juez en sus entrevistas, ella se había excusado de seguir conociendo la causa señalada y que ninguna de las partes, incluyendo el Ministerio Púbico, había aceptado la misma por lo que esta se elevaba a la sala quien aceptaba o no su separación.

Recusar a un juez porque su esposo, como profesional del Derecho, ha prestado sus servicios profesionales a “x” o y” persona no tiene ningún fundamento. El Colegio de Abogados tiene la obligación de salvaguarda, el Estado de Derecho de manifestarse al respecto. Incluso, debe hacer un planteamiento urgente para que en los medios de comunicación no se desvirtúe la justicia y que las noticias sean objetivas y veraces.

Publicar “que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló que podrían existir vínculos entre la juez y Ennio Flores, abogado defensor en el caso”, o decir que la Fiscalía específica explicó que “entre Milton Miranda, esposo de la juzgadora,  podría existir vínculos con los sindicados”; es como decir, “parece que va a llover, el cielo se está nublando”. “La ley es la ley, la justicia también se aplica a los medios de comunicación, a los editorialistas, columnistas y reporteros.

Continuar linchando de forma mediática es igual que volver “al reino del terror, al imperio de la guillotina” que existió en Francia.

Perseguir y acusar a los jueces que no fallan conforme al gusto de los poderosos, es sólo seguir deteriorando el Estado de Derecho.
El mismo Presidente y sus funcionarios no pueden ni deben opinar, mucho menos criticar los fallos del Organismo Judicial en sus diferentes instancias. La Asociación de Jueces y Magistrados debe evaluar no sólo el comportamiento de sus miembros sino de las acusaciones que van vulnerando la verdad, la objetividad e independencia judicial.

Si no sabemos respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y permitimos que las opiniones que se manifiestan en las noticias, en los editoriales o en las columnas sean producto de la influencia de los grupos de poder, no nos debe de extrañar que continúen los linchamientos y que en el país se persiga a todos los que no se subordinen a quienes sustentan el poder de facto en la sociedad.

Así no es de extrañar que en Guatemala se persiga a todos los que de una u otra forma no han sido incondicionales de los que son los dueños del país. Se puede quebrar un banco, se puede estafar a miles de miles de depositantes, crear y dirigir escuadrones de la muerte, trastocar la justicia, si se es parte o allegado de la cúpula de poder no pasa nada, ni se habla del tema. Por el contrario, si un magistrado o juez es independiente, objetivo, ecuánime y justo recibirá noticias, editoriales negativos, los cuales hacen trastabillar a la Corte que para satisfacer “el clamor popular” hará rodar su cabeza.
¡Guatemala es primero!