¿Los buenos somos más? De esa manera firma Giammattei el mensaje que dejó grabado antes de buscar refugio en la Embajada, sin embargo un informe de la Procuradurí­a de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala insisten en que la culpabilidad de las muertes se adjudique a las autoridades en ese momento.

Giammattei era director del sistema penitenciario en ese momento y según ílvaro Pop de la Fundación Naleb», las muertes extrajudiciales son un acto reprochable que viola la ley, «nos guste o no nos guste hay un marco legal que hay que respetar».

Pop también argumenta que los grupos de limpieza social persisten desde la guerra interna, pero se han venido transformando y «terminada la guerra se sofisticó el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales y obviamente respondí­a a un contexto de falta de justicia y seguridad».

El director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Marco Antonio Canteo, afirmó que «el brazo de la justicia le debe llegar a los funcionarios públicos que teniendo una posición de poder, tienen señalamientos serios de abusos y delitos que son sancionables».

Además señaló que pese al aparente apoyo popular, la limpieza social no es justificable. «Una persona, sea quien sea, no tiene autorización para matar a otro» y «muchos polí­ticos encuentran el cultivo polí­tico en la aceptación social para las acciones que realizan, pero eso se debe a que en nuestro paí­s, que es una sociedad posconflicto, no hicimos todas las tareas de paz para lanzar una cultura de paz y respeto de derechos humanos».

El Ministerio de Relaciones Exteriores, al cierre de esta edición, todaví­a no habí­a confirmado ninguna respuesta por parte del gobierno hondureño.