Alguno de los lectores de esta columna me ha hecho un comentario interesante: para delinquir no se necesita ser pobre. La conclusión falaz de este argumento es que la pobreza no es un factor causal de la delincuencia. En efecto, la relación pobreza-delincuencia debe tratarse con cuidado porque abusando de él se puede llegar a la criminalización de la pobreza. Pero evadiendo dicha relación como lo hace la derecha, la conclusión es que la delincuencia es un problema de personalidad. Que la injusticia social no tiene consecuencias y que la delincuencia puede ser corregida solamente con medidas punitivas y no con medidas preventivas que implican reformas sociales. Por ahora me quedo con la afirmación de que para delinquir no se necesita ser pobre.
Estoy de acuerdo con el lector. Abundan en distintos países los casos de altos funcionarios implicados en el narcotráfico y la corrupción. Y la corrupción también abunda en no pocas empresas de la iniciativa privada. Hoy estamos asistiendo a una muestra de delincuencia organizada de altos vuelos. Me refiero a las investigaciones que ha venido realizando la CICIG en torno a la supuesta existencia de una estructura clandestina que operó en el Ministerio de Gobernación durante el gobierno de í“scar Berger. Sandino Asturias del Centro de Estudios de Guatemala lo ha dicho de manera enfática: «Bajo el gobierno de í“scar Berger se incrementaron en seis mil las muertes violentas en relación a los cuatro años de gobierno de Alfonso Portillo. Fue una política organizada y estructurada desde las más altas autoridades para desarrollar una campaña de limpieza social desde las instituciones de gobierno.» Los presuntos responsables de la existencia de dicha estructura clandestina serían según las imputaciones, el ex ministro de Gobernación Carlos Vielmann, el ex director del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei, el ex director de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen, el ex subdirector de Investigaciones Criminalísticas de la PNC Javier Figueroa, y otro ex funcionario policiaco, Víctor Soto. Otros personajes también han sido mencionados como integrantes de esta estructura criminal, entre ellos el después asesinado Víctor Rivera, prestigiado investigador de secuestros y asesor del Ministerio de Gobernación durante el gobierno de Berger. Se trataría de una organización criminal al interior del Estado dedicada a las labores de ejecución extrajudicial de delincuentes en las calles y al interior de las cárceles. Y también a actividades delictivas para obtener dinero. Las declaraciones de Javier Figueroa que un rotativo nacional publicara la semana pasada, involucran de manera inequívoca a los citados funcionarios en lo que serían las ejecuciones extrajudiciales en las cárceles de El Infiernito y Pavón. De igual manera las declaraciones de la ex fiscal de la CICIG, Gisele Rivera, consignadas en un rotativo costarricense hace unos días
La ejecución extrajudicial forma parte de las más arraigadas prácticas de represión y control en Guatemala. Basta recordar que la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado nos indican que, además de las 45 mil desapariciones forzadas, hubo 150 mil ejecuciones extrajudiciales durante los años del conflicto interno. Y han existido en Guatemala amplios sectores para los cuales la ejecución extrajudicial tiene un carácter positivo y le llaman «limpieza social». Durante muchos años la ejecución extrajudicial se practicó contra las personas que fueron calificadas como comunistas o subversivos. El que lo fueran legitimaba una captura ilegal (secuestro), un interrogatorio ilegal (la tortura) y una condena ilegal (la ejecución extrajudicial). Hoy en día dicha práctica se efectúa en contra de los delincuentes y sigue teniendo una gran legitimidad social. Esa legitimidad se la da una población desesperada ante la ineficacia del Estado para controlar la rampante delincuencia. Muestras de esa legitimidad o consenso se observan en la simpatía con la que se ve a los sindicados de participar en supuestas ejecuciones extrajudiciales en los Operativos «Gavilán» y «Pavo Real». O en la indignación expresada en agosto de este año, por la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales por la actuación de la CICIG, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación ante estos operativos y la estructura criminal que los llevó a cabo.
No debe olvidarse que la llamada limpieza social arranca de los años del terror impuesto por las dictaduras militares. Al día siguiente del 25 de septiembre de 2006 cuando se dio muerte en Pavón al reo colombiano José Estuardo Batres Pinto y a otros seis delincuentes más, el general Efraín Ríos Montt hizo una declaración que no tiene desperdicio: «Todos lo miramos de una forma simplista y decimos ¡Qué bueno, porque están presos, señores!… Pero atención, por más que estén presos y no tengan derechos políticos y sociales no quiere decir que no tengan derechos humanos, debe respetarse la dignidad de las personas».
¿Se le ha olvidado al general lo que hizo su gobierno entre 1982 y 1983? Pareciera que estuviera hablando la Madre Teresa de Calcuta y no el inefable general Efraín Ríos Montt.