El gobierno español anunció hoy que limitará la presencia policial en los centros de internamiento para extranjeros que entraron al país de manera ilegal, atendiendo en parte las demandas de colectivos de inmigrantes.
La policía realizará tareas de seguridad, mientras que la atención a los extranjeros internos quedará en manos de «personal especializado», según informó en el Parlamento el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
«Es una obviedad que los inmigrantes por el hecho de serlo no son delincuentes», dijo Fernández Díaz. «El haber infringido normas de carácter administrativo no les convierte en criminales».
El responsable de Interior anunció un reglamento para regular el funcionamiento de los polémicos centros, en los que se internan a extranjeros sin autorización legal hasta gestionar su repatriación.
Para la mayoría de asociaciones de inmigrantes, se trata de cárceles encubiertas y piden su cierre. Tras la última reforma de la ley de extranjería, impulsada en 2010 por el anterior gobierno socialista, el plazo de retención máximo es de 60 días.
En España funcionan 12 centros de este tipo, de los que seis se encuentran en las Islas Canarias, uno de los puntos de mayor entrada de inmigrantes, sobre todo procedentes de África.
Fernández Días señaló que de las 4.116 plazas existentes, la ocupación fue del 67,3% en 2011. La estancia media por inmigrante fue de 18,21 días.
Según el ministro, el 80% de los extranjeros expulsados de estos centros a sus países de origen el año pasado había cometido algún delito.