Limitan crédito a los ayuntamientos


El gobierno socialista español ha prohibido hasta 2012 a los ayuntamientos recurrir al endeudamiento a largo plazo para no perjudicar el esfuerzo para reducir el déficit público, según el texto de un decreto-ley que reúne varias medidas publicado este lunes.


«Las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes», según el texto publicado este lunes en el Boletí­n Oficial del Estado (BOE).

Esta prohibición es válida hasta el 31 de diciembre de 2011.

Este decreto-ley, aprobado el jueves por el consejo de ministros español, ennumera las medidas de austeridad adicionales para 2010 y 2011 aprobadas el jueves pasado por el gobierno socialista para intentar acelerar la reducción del déficit público, que se situó en el 11,2% del PIB en 2009.

El gobierno se decidió a imponer unas medidas impopulares de austeridad por un monto de 15.000 millones de euros (18.541 millones de dólares) en 2010 y 2011 con el fin de enderezar rápidamente las cuentas públicas y reducir el déficit a alrededor del 6% del PIB en 2011.

Un anterior plan de austeridad de 50.000 millones, presentado en enero, preveí­a reducir el déficit público al 3% en 2013. Este último objetivo se mantiene incluso con el plan adicional aprobado la semana pasada.

Entre las nuevas duras medidas figuran una reducción de los salarios de los funcionarios y la congelación de la revalorización automática de algunas pensiones.

La deuda de las entidades locales suponí­a a 31 de diciembre de 2009 un total de 34.595 millones de euros, es decir, un 3,3% del PIB español, según el ministerio de Economí­a.

La deuda pública española representó alrededor del 55% del PIB en 2009 y deberí­a sufrir un drástico aumento hasta alrededor del 74% del PIB en 2012 debido a la degradación de las finanzas públicas españolas.

Estas cifras son, no obstante, inferiores a las registradas por varios paí­ses de la zona euro.