El juzgado Segundo de Primera Instancia ligó a proceso a Byron Humberto Vargas Sosa -presunto integrante de los Zetas- por su supuesta participación en el asesinato de tres mujeres.
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Jorge Mario Valenzuela, juez Segundo de Primera Instancia encontró suficientes indicios para ligar a proceso a Vargas por el triple asesinato.
Vargas ya había sido capturado en Río Dulce, Izabal, el pasado 16 de febrero junto a cinco presuntos narcotraficantes vinculados a los Zetas, según la hipótesis del Ministerio de Gobernación. En esa ocasión, se transportaban en dos vehículos, y les fueron incautados cuatro fusiles AR-15 y otras armas de gruesos calibres.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se constituyó como querellante en el proceso por triple asesinato en el que Vargas es procesado, y solicitó una nueva captura en su contra tras implicarlo en esos delitos
Tanto el Ministerio Público como la CICIG vincularon a Vargas con el asesinato de María Alejandra Girón Trigueros, Nancy Carolina Ichos Pérez y Silvia María Morales Rodas.
Las investigaciones efectuadas por ese crimen apuntaron que las víctimas fueron vistas por última vez con el ahora procesado en una discoteca de Zacapa; días después, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un terreno baldío de esa región.
Anteriormente, el juzgado de Turno de esta capital ligó a proceso a Vargas por portación ilegal de armas de fuego y portación ilegal de explosivos.
El Juzgado de Primera Instancia de Zacapa, el cual ordenó la captura del ahora sindicado por asesinato, está solicitando -por medio de exhortos- el proceso contra Vargas. Sin embargo, debido a ser considerado «reo de alto impacto», el caso se conoce en la capital.
HISTORIAL
Fuentes de investigación criminal aseguran que Vargas tiene un largo historial delictivo. En 1992 fue sindicado de apropiación indebida en Zacapa, donde tiene un proceso abierto por ese hecho y uno más por robo.
En 2006 fue acusado de disparar contra un menor, y en 2008 fue sindicado en Chiquimula por la desaparición de tres hombres; posteriormente, se inició la persecución penal en su contra por el asesinato de las tres féminas, para lo cual se le dictaminó prisión preventiva.
Oscar Méndez, abogado defensor de seis zetas detenidos el 16 de febrero pasado en Río Dulce, Izabal, interpuso una denuncia penal contra Edy Morales, director del Sistema Penitenciario, y un antejuicio contra Salvador Gándara, ministro de Gobernación, por presunto desacato.
Las delaciones detallan los ilícitos de abuso contra particulares, desobediencia, incumplimiento de deberes y resoluciones violatorias a la Constitución, y alegan que los denunciados no cumplieron la orden del juez de Izabal que ordenó el traslado de sus defendidos hacia esa región.
Sin embargo, las autoridades de Gobernación y de los Presidios insistieron en que los presuntos Zetas permanecieran en el Preventivo de la zona 18 por motivos de considerarlos reos de alta peligrosidad. Méndez aduce que exigen el traslado, para que los señalados puedan estar más cerca de sus familias.