El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal ligó ayer a proceso a Luis Felipe Gómez Fuentes, socio director de KPMG en Guatemala, acusado por el Ministerio Público (MP) de los delitos de estafa por información contable en forma continuada, casos especiales de estafa en forma continuada, intermediación financiera y lavado de dinero.

Gómez pertenecía a la firma internacional KPMG, que auditaba a Bancafé Grupo Financiero del País y que conocía de toda la operatividad ilegal que hacían los directores y altos directivos del banco antes mencionado.

AUDITOR, NO GARANTE
Según Fredy Cabrera, abogado y presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), la decisión que tomó el juez Walter Villatoro es preocupante por la interpretación que se tomó del rol que realiza un auditor externo.

En este caso se cree que el auditor externo puede tener posición de garante sobre una empresa, a lo que Cabrera responde que esta interpretación no es posible, ya que un auditor externo lo único que hace es elaborar un dictamen. De acuerdo con las normas internacionales de contabilidad, se establece que el auditor no puede ser un investigador.

Dos meses será el plazo que el MP tendrá para recabar información a fin de profundizar en su investigación. “Estamos viendo las medidas de defensa para poder establecer la inocencia de Felipe Gómez”, aseguró su abogado, que además catalogó la decisión del juzgado como grave para el sistema de justicia. Mientras tanto, el sindicado  guardará prisión en Mariscal Zavala.

INVERSIONES SIN VIGILANCIA
El pasado 5 de febrero, Moisés Samuel Cupersmith Mizahi y Óscar Adolfo Salazar Perdomo fueron ligados a proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos y caso especial de estafa, por su participación en  el caso.

Cupersmith y Salazar eran accionistas del Bancafé International Bank (BIB), y se les vincula con las inversiones realizadas en el extranjero, en la entidad Valores e Inversionistas del País (VIPASA), la cual no estaba sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, ni tampoco facultada para realizar intermediación financiera.

Según la acusación del MP se habría defraudado a más de mil 300 accionistas, por US$163 millones, del 2000 al 2006.