Según la bancada de Libertad Democrática Renovada (Lider), la ley de actualización tributaria y la ley Antievasión II contienen varias inconstitucionalidades que hacen necesario enmendar los errores, los decretos no son suficientes para generar una estabilidad macroeconómica y una sostenibilidad tributaria que provoque una reactivación económica, esa es la conclusión luego de analizar minuciosamente los decretos aprobados este año.
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“Esto fue un puñalazo fiscal al paquete de impuestos aprobado por varias bancadas entre ellas el Patriota, UNE, Gana, el Bloque Independiente, Creo y UCN”, explicó el diputado Álvaro Trujillo, quien considera que ambos proyectos incurren en inconstitucionalidades en al menos 23 artículos.
El congresista indicó que es el grupo mayoritario que posee el capital el que sale más beneficiado con estas leyes, siendo los trabajadores los más perjudicados. “Se elimina la deducción de gastos médicos al Impuesto Sobre la Renta olvidando que es obligación del Estado velar por la salud de los guatemaltecos”. También considera que los profesionales que no estén inscritos como contribuyentes, o estén inscritos, pero no hayan presentado sus declaraciones de renta, se presume por derecho obtienen Q30 mil mensuales, sin posibilidad de demostrar lo contrario, criticó.
Estas evaluaciones han provocado, que la agrupación accione por la vía legal ante la Corte de Constitucionalidad para enmendar los errores que contienen ambas leyes “presentaremos los recursos necesarios para resolver esta situación que castiga al pueblo de Guatemala”, sentenció Trujillo.
En el tema de la primera matrícula de vehículos, considera que se toma indiscriminadamente el pago a la primera matrícula según la capacidad que tiene, sin tomar en cuenta la calidad y tipo del vehículo, con esto “se viola el principio de capacidad de pago, al pretender que pague lo mismo un vehículo tipo Jaguar que un Daihatsu, Geo, etcétera”, explicó el diputado.
ISO
El impuesto de Solidaridad debe desaparecer, ya no tiene razón de ser, así lo evalúan los congresistas, quienes consideran la puesta en marcha de la ley de Actualización y la ley Antievasión.
“No es factible aplicar la exención que contempla toda vez que el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas no existe en el decreto número 26-92 del Congreso, Ley del Impuesto Sobre la Renta”, reza el análisis del marco legal. Esta situación podría elevarse a la Corte para que resuelvan si el ISO debe seguir vigente.