Impunidad, poderes fácticos, autoridades de Gobierno, violencia e inseguridad, son algunos de los factores que componen el contexto actual de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Guatemala.
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A pesar de que hay avances para velar el cumplimiento y respeto de este derecho constitucional, como la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, expertos en el tema los consideran insuficientes y exigen la puesta en marcha de un plan de protección a periodistas, entre otros mecanismos para garantizar su libre ejercicio profesional.
Con el devenir del tiempo, este derecho fundamental se ha visto amenazado y limitado en Guatemala por distintas situaciones que van desde asesinatos, secuestros, agresiones físicas y verbales, intimidaciones, arrestos, obstrucciones a la fuente, retención y amenazas, así como cierre de medios por distintos métodos.
Según un informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión, las presiones más frecuentes sobre la libertad de prensa en el país son los insultos, amenazas, algunas de muerte; peticiones de funcionarios para que se retire de la fuente a reporteros tratando de lograr su despido; intimidaciones por parte de fuerzas de seguridad; eliminación de pauta oficial a medios que no se adecúan a sus exigencias, secuestro de materiales informativos, entre otras.
A consideración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), existe preocupación por las constantes violaciones y presiones contra periodistas y personas que ejercen la libertad de expresión y porque no se ha implementado un mecanismo de protección a favor de este gremio.
La Alta Comisionada Adjunta, Flavia Pansieri, quien recientemente estuvo de visita en Guatemala, expresó: “Subrayé (al presidente Otto Pérez Molina) la preocupación de que la prensa se ve sujeta a presiones, a riesgos y es importante que tengan la protección necesaria. El país tiene derecho a una prensa con libertad y una sociedad civil activa que puedan defender su papel sin temor a represalias. Por eso es importante que se instituyan medidas para proteger a los periodistas de todo riesgo e influencia”.
INCREMENTAN AGRESIONES
Hasta la fecha se han reportado 30 agresiones contra los principios de libertad de expresión y de prensa a nivel nacional, según un informe del Observatorio de Periodistas del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), en los que la mayoría de los supuestos agresores han sido autoridades municipales, policiales y miembros de la sociedad civil, principalmente en el interior del país.
El informe denota un incremento de 18 agresiones contra la libertad de prensa en comparación con los primeros cinco meses de 2013, reportándose más incidentes en Guatemala y Quiché.
Según la directora de Cerigua, Ileana Alamilla, el problema radica en la debilidad institucional del Estado en promover garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Producto de ello, indicó, varios periodistas han resultado víctimas de escenarios de violencia e ingobernabilidad.
De igual forma dijo que esta situación desencadena una “autocensura férrea”, pues se evita abordar sobre temas sensibles que despiertan intentos gubernamentales y del crimen organizado en violentar este derecho ciudadano, como la narcoactividad y el mal manejo de recursos públicos.
Por otro lado, Alamilla sostuvo que la violencia ha transformado los comportamientos de la población, que en ocasiones se convierte en turbas y arremete igual contra fuerzas de seguridad como contra reporteros.
Frente a este escenario Alamilla enfatizó en un cambio de la actitud gubernamental para investigar y castigar a los responsables de estas acciones, así como en la unidad del gremio. También pidió mayores acciones y avances en la implementación del programa de protección a periodistas anunciado por el Gobierno desde 2012.
“Llamo a la unidad del gremio y estar alertas porque el escenario es peligroso sobre todo por las condiciones que enfrenta el país, de alta peligrosidad y violencia. Exigimos a las autoridades que se aceleren los mecanismos para garantizar el libre ejercicio de este derecho para la población así como para la prensa”, argumentó la periodista.
PROGRAMA SIN FUTURO
Precisamente el Plan de Protección propuesto por Cerigua en 2012 tenía previsto iniciar este año.
La iniciativa fue acogida por el Ejecutivo en aquel entonces, comprometiéndose a implementarla en 2014, sin embargo, fue hasta noviembre del año pasado que se iniciaron las gestiones para iniciar y, hasta el momento, ningún comunicador ha sido incluido en las discusiones centrales.
Además, no se conoce aún la metodología de su funcionamiento y otros temas como el presupuesto asignado, los mecanismos de recepción de denuncias, las coordinaciones interinstitucionales o la sede en la que iniciará sus operaciones.
Cabe mencionar que fue la periodista Ileana Alamilla, la designada por parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, para coordinar este programa.
Sin embargo, declinó su participación para liderar la evaluación de las medidas a favor de los comunicadores, aduciendo militancia en instituciones que defienden la libertad de expresión, lo cual hace incompatible el puesto.
“Seguimos con la demanda de la construcción del programa. Esperamos que el Gobierno tenga la suficiente voluntad política concretada en acciones para darle participación especialmente a la prensa departamental, que es la más vulnerable”, expresó.
INOBSERVANCIA DE LA LEY
En Guatemala, la libertad de expresión, así como los derechos que se desarrollan con ella como la libertad de pensamiento, de opinión y de información, se encuentran plenamente garantizados por una serie de normas nacionales e internacionales.
La libertad de prensa está también consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos humanos, entre otros tratados.
Además, en Guatemala el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala reza: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley”.
No obstante, a criterio de la Asociación de Periodistas de Guatemala, el problema es que las autoridades de Gobierno y otros entes, no respeta la función de informar de la prensa, porque cuando se denuncian hechos de posible corrupción, por ejemplo, el gobierno lo toma como un ataque en lugar de aprovechar esas denuncias para corregir el rumbo, lo cual provoca represalias contra la prensa.
Otro obstáculo es que no siempre se brinda información por parte de funcionarios y tampoco se le da cumplimiento a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, vigente desde 2009.
Dentro de la norma se garantiza el derecho para obtener informes, copias, reproducciones, constancias, certificaciones y todo tipo de información o exhibición de expedientes, imágenes, hechos, actos, contratos, y otros, en poder del Estado. En caso de rechazo de la petición debe dictarse resolución razonada al respecto y notificarse para la sanción correspondiente.
“Muchas veces cuando se requiere alguna información, no se brinda o es parcial. También en algunos medios de información existe la censura hacia el reportero por razones políticas o económicas y esto repercute a que el pueblo no esté bien informado y orientado. Tristemente estamos sumidos en una inobservancia de la ley”, declaró Hugo López, presidente de la APG.
La APG solicitó a la recientemente nombrada Fiscal General Thelma Aldana, esclarecer el asesinato de Jaime Napoleón Jarquín Duarte; Luis Alberto Lemus Ruano; Luis de Jesús Lima y Carlos Humberto Orellana Chávez, periodistas víctimas mortales por ataques armados en 2013.
El Estado de Situación de la Libertad de Expresión presentado por Cerigua este año, hace alusión a la censura, autocensura y peligros que enfrentan las personas y los periodistas en particular, al intentar acceder a las fuentes de información.
JUICIOS POR VÍAS ORDINARIAS
Fernando Mollinedo, columnista de este vespertino, fue denunciado por el delito de discriminación este año, debido a un artículo que publicó en noviembre de 2009, titulado “Malditos Perros”.
En él afirmaba que no importaba si en realidad se comete o no una transgresión al Reglamento de Tránsito, pues de cualquier modo se será responsable ante los ojos y sobre todo la cara de los “amplios y doctos conocimientos” de los agentes policiales, encargados de regular el tránsito en la ciudad de Guatemala.
A finales de 2009 la Unidad de Delitos Patrimoniales solicitó desestimar el caso, por considerar que el acto no provenía de una persona particular, sino de alguien en su calidad de periodista, por lo que no era posible proceder conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Penal, sino de acuerdo a la Ley de Emisión del Pensamiento.
En ese sentido, Eduardo Villatoro, periodista con 50 años de ejercicio ininterrumpido y columnista de La Hora, opinó que dicha denuncia es improcedente en un tribunal ordinario y se debe dilucidar en un Tribunal de Imprenta.
Según Villatoro, los jueces han omitido considerar que conforme al precepto contenido en el artículo 35 de la Constitución, todo lo relativo al derecho de libre emisión del pensamiento se regula en la Ley de Emisión del Pensamiento.
A decir del entrevistado, aun cuando existan pruebas que demuestren que las frases, opiniones, notas informativas o reportajes contengan señalamientos que desagradan a la administración pública, el derecho constitucional a la libertad de expresión es inimputable.
El también licenciado en Derecho, enfatizó en que las personas o funcionarios que se sientan perjudicados por publicaciones o notas tienen una vía legal establecida para defender su reputación dentro del marco jurídico, y detalló que recurrir a otros mecanismos solo alimenta la anarquía.
“Si hay libertad de expresión, pero ¿tiene algún valor? No tengo información de algún funcionario que haya sido condenado por violentar el derecho legítimo de acceder a las fuentes de información y por expresar el pensamiento. La libertad de expresión no es algo aislado, implica valores y principios relacionados con la actividad de informar, opinar, expresar, protestar, e incluso apoyar, no solo es decir”.
POCA TOLERANCIA A LA CRÍTICA
El índice de Libertad de Prensa de Freedom House reveló que Guatemala se encuentra en el puesto 132 de 196 países, con 60 puntos y clasificado con libertad de expresión solo de forma “parcial”. Según el análisis de Freedom House, la situación en el país es “preocupante” porque se sufre de “altos niveles de intimidación y autocensura”.
Este indicador mide el nivel general de libertad de información en el mundo y el grado de respeto de los gobiernos a la misma. Refleja el grado de libertad que periodistas, organizaciones de noticias y ciudadanos de la red disfrutan en cada país, y los esfuerzos de las autoridades de gobierno para respetar y asegurar el respeto hacia esta libertad.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, aun ve rezagos en el respeto a la libertad de expresión en el país. Asimismo, manifestó que el actual gobierno tolera la crítica; sin embargo, no ha desarrollado la necesaria capacidad en el manejo de su relación con la prensa, lo que provoca intentos por coartar este derecho humano fundamental.
Además, señaló que entre otros hechos que permiten la caída en punteo del país, figura la cobertura en temas de narcotráfico, corrupción y conflictos de tierras o minerías, que exponen a periodistas a represalias.
Retomando, el Magistrado de Conciencia acotó que todos los funcionarios están sujetos a la crítica, objeciones, comentarios y preguntas, aunque resulten incomodas, por parte de reporteros y particulares; pero se debe ser respetuoso, tolerante y actuar con responsabilidad en el ejercicio de esa función.
“Cualquier otra actitud se ve como la intención de coartar la libertad de expresión y eso no se debe permitir. Todo aquello que atente contra la libertad de expresarse, debe ser rechazado por todos. Nada justifica desde ningún punto de vista, que el funcionario tome otro tipo de medidas contra personas que a veces ventilan cosas que nos incomodan”.
De oficio, la Procuraduría de los Derechos Humanos trasladó hace unos días expedientes a la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Publico, después de verificar el incumplimiento con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte de sujetos obligados que no rindieron el informe anual 2014 y cuyo plazo para presentarlo finalizó el pasado 31 de enero.
“Como Procurador de los Derechos Humanos, apoyaré y respaldaré siempre la libertad de expresión que tenemos todos, porque a veces se ha malentendido que solo la tienen los periodistas y no es así porque cualquier ciudadano tiene libertad de expresarse”, apuntó.