Libertad de expresión, relegada en las ofertas de partidos polí­ticos


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Desde que el Presidente ílvaro Colom asumió el poder el 14 de enero de 2008 e inició su gobierno, el Observatorio de los Periodistas de Cerigua ha llevado el registro de al menos 170 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el paí­s; los actuales candidatos aspirantes a la Presidencia no se pronunciaron en ningún momento sobre el respeto y la promoción del derecho a la libertad de expresión en Guatemala.

Por Regina Pérez GUATEMALA / Agencia CERIGUA

De acuerdo con cifras de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) el gobierno del Presidente Colom es el que más asesinatos registra después de la firma de la paz, en 1996, con 24 mil 233. 
 
Desde 2008 se ha cometido al menos 8 asesinatos de comunicadores sociales en el paí­s; ninguno de los crí­menes ha sido esclarecido por las autoridades competentes; el último asesinato, el de Yensi Ordóñez, presentador de televisión en Nueva Concepción, Escuintla, cuyo caso tampoco presentó avances en el Ministerio Público (MP), según el jefe del canal en donde trabajaba. 
 
Los ofrecimientos de candidatos presidenciales como Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), el favorito en las encuestas, versan principalmente sobre el fortalecimiento de la seguridad con “mano dura”; Molina también ha prometido continuar con los programas sociales del anterior gobierno y promover la inclusión social de grupos marginados en el paí­s como los pueblos indí­genas. 
 
Sin embargo, ni Pérez Molina, ni los demás aspirantes se pronunciaron públicamente sobre garantizar y respetar la labor de la prensa; a inicios del gobierno de ílvaro Colom, su administración mantuvo varios roces con la prensa escrita y el vicepresidente Rafael Espada incluso demandó a una columnista del diario Siglo.21 por difamación y calumnias. 
 
Las y los candidatos no se refirieron a garantizar el cumplimiento de leyes como la de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2008 por el Congreso de la República después de casi 10 años de discusión; en 2010 la Secretarí­a Ejecutiva de la PDH de la Comisión de Acceso a la Información recibió 108 denuncias por incumplimiento de la misma. 
 
Candidatos no hablaron de garantizar libertad de prensa en escenario de inseguridad 
 
La inseguridad se ha convertido en un peligro para el ejercicio de la profesión periodí­stica en Guatemala; además de los asesinatos de periodistas y comunicadores sociales, ha habido serios ataques e intimidaciones contra la prensa, provenientes de diversos actores, entre ellos el crimen organizado y el narcotráfico; el último informe del Observatorio alerta sobre la posible censura y autocensura de la prensa en regiones dominadas por estos grupos.
 
La conflictividad social que vive el paí­s también han puesto en riesgo la integridad fí­sica de las y los periodistas; en abril de 2008 manifestantes en San Juan Sacatepéquez, a pocos kilómetros de la capital, retuvieron a un grupo de reporteros de televisión, quienes fueron acusados de pertenecer a una empresa que promoví­a la construcción de una cementera en el área y estuvieron a punto de ser linchados. 
 
En marzo de ese mismo año, varios comunicadores de la ciudad capital fueron interceptados en una carretera por presuntos miembros de un cartel de narcotraficantes en el departamento de Zacapa que habí­an tenido un enfrentamiento. 
 
En mayo de 2011, el grupo Z200, célula del cártel “Los Zetas” dejó un mensaje por medio de una manta en cuatro puntos del paí­s con una clara advertencia a la prensa: la guerra no es contra la población civil, ni con el gobierno, mucho menos con la prensa…” y agregaba “Prensa bájenle a tanta mamada antes que la guerra sea contra ustedes”. 
 
El gobierno que asuma el poder en enero del próximo año tiene el reto de propiciar un escenario idóneo para que la prensa y los ciudadanos guatemaltecos puedan ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión, amenazado en la actualidad por esos grupos y por la intolerancia de funcionarios y polí­ticos en el poder. 
 
En 2011 varios partidos polí­ticos dieron muestras de su intolerancia hacia la labor de la prensa; la coalición UNE-GANA y el Partido Patriota (PP) fueron responsables de algunas de las amenazas y presiones contra periodistas locales en Izabal, Quiché, Retalhuleu y el departamento de Guatemala.  
 
Piden a partidos ley a favor del derecho de comunicación de pueblos indí­genas 
 
El único sector que hizo propuestas concretas a las y los candidatos en materia de libertad de expresión fue el Movimiento Nacional de Radios Comunitarias, que se presentó al Congreso de la República para demandar la aprobación de la iniciativa de Ley de Medios de Comunicación Comunitaria. 
 
Roberto Alejos, presidente del Congreso, manifestó que dicha legislatura quedó en deuda con la población indí­gena al no haber agendado la discusión de la iniciativa e instó a las organizaciones a buscar a las y los candidatos de todos los partidos polí­ticos que buscan una curul, a comprometerse a impulsar dicho proyecto. 
 
Candidatos a la Presidencia también fueron cuestionados por organizaciones indí­genas sobre la aprobación de diversas leyes que favorecen a esa población, entre ellas el referido proyecto de ley de medios de comunicación comunitaria; Rigoberta Menchú, del Frente Amplio (FA), indicó que varias de las leyes que favorecen a los pueblos indí­genas se aprobarán cuando haya representantes Mayas en ese Organismo, pero no se refirió al tema en particular.