De todos modos, los acuerdos con los importadores están sujetos a las variaciones del mercado internacional, pero no disponemos de los instrumentos adecuados para establecer públicamente los precios vigentes en ese contexto y nos terminamos rigiendo por lo que nos dicen los importadores. Se sabe, por ejemplo, que en la harina de trigo hubo una baja de precio y falta ver si el acuerdo entre los proveedores locales y el gobierno tomó en cuenta esa disminución o si simplemente se acordó un precio a los niveles que se viene cobrando y que no reflejan esa disminución.

Es indudable que la crisis obligará a adoptar medidas que tendrán repercusiones en distintas áreas de la actividad comercial, porque es imperativo generar una auténtica y libre competencia para garantizar que los precios sean lo más bajo que se pueda. Y ello no es posible si se mantienen privilegios para que apenas unos cuantos puedan dedicarse a la importación, almacenaje y comercialización de algunos productos. Cuando se abrió la importación de pollo, un grupo fue el que se benefició de la «apertura» y lo mismo sucedió con el azúcar, lo que anula el beneficio de una auténtica competencia.

Si en el mercado mundial los precios están más bajos que en el mercado local y hay más abastecimiento afuera que adentro, es obligado que se tomen medidas serias y congruentes para garantizar no sólo el suficiente suministro, sino que pueda haber leal competencia. Y lo que vale para el pollo, para la harina de trigo, los fertilizantes y el gas propano, debe valer para cualquier otra actividad en la que debe liberarse en realidad la posibilidad de que otros agentes intervengan e inviertan en el negocio que de una u otra manera funciona si no como monopolio mondo y lirondo, sí­ como un oligopolio.

Quienes dicen que las medidas del gobierno son populistas no entienden que son realmente proteccionistas, porque a cambio de precios acordados (siempre y cuando lo permita el mercado mundial, o sea nunca) se consolida la cadena de privilegios.