Jueces liberaron bajo fianza a las últimas 14 personas que permanecían detenidas tras las manifestaciones y protestas durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre, luego de que legisladores bajaran la penalidad del delito por el que se les acusa y que les permite seguir su proceso fuera de prisión.
Un funcionario del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, no autorizado a ser identificado por políticas internas, dijo ayer a The Associated Press que los 13 hombres y una mujer que estaban en prisión bajo cargos de ataques a la paz pública dejaron la cárcel en el transcurso de la noche del pasado jueves tras pagarse las fianzas.
Sus defensores dijeron que continuarán la presentación de pruebas para demostrar que son inocentes y que fueron detenidos de manera arbitraria o bajo señalamientos contradictorios.
Rita Neri Moctezuma, estudiante de enfermería y la única mujer que permanecía en prisión, dijo el viernes por la emisora MVS Radio que las autoridades le dijeron que había sido detenida porque aparecía en un video lanzando piedras, lo cual no era cierto, según ha mostrado su defensa con otros videos en los que se muestra su aprehensión.
David Peña, uno de los abogados de los detenidos, dijo por la misma radio que además de presentar pruebas sobre la inocencia de los 14, insistirán ante las autoridades en que se desistan de las acusaciones, con lo cual quedaría sin efecto el juicio.
A 13 de los detenidos se les fijó una fianza de 40 mil pesos (unos 3 mil dólares) y a otro de poco más de 100 mil pesos (más de 7 mil 600 dólares), debido a que también se le acusó de daño en propiedad. El funcionario dijo que el juicio entrara en una etapa de presentación de pruebas para que los jueces determinen una sentencia, sea condenatoria o absolutoria.
Enrique Peña Nieto asumió como presidente de México el 1 de diciembre, mientras en las calles se manifestaban cientos de personas opuestas al político y su partido, el PRI. Algunas de las protestas se tornaron violentas y derivaron en enfrentamientos con la policía, así como en destrozos en el centro de la ciudad.
Las autoridades locales detuvieron a 92 adultos y 11 menores de edad por su participación en actos de vandalismo y confrontaciones con policías, aunque al final se decidió sólo presentar cargos contra los 14.
La comisión de derechos humanos de la capital reportó que policías de la ciudad incurrieron en arrestos arbitrarios.
Esta semana, la Asamblea Legislativa de la capital modificó la penalidad del delito de ataques a la paz social y determinó reducirla a prisión de dos a siete años de cárcel, con lo cual deja de ser un delito grave y quienes son acusados de cometerlo pueden salir libres bajo fianza. Antes, se establecía cárcel de cinco a 30 años de prisión.
Las modificaciones tuvieron como propósito beneficiar a los 14 detenidos, aunque también han comenzado a generar polémica debido a que algunos piensan que en la reforma no se cuidó establecer diferencias para conductas que podrían tener una gravedad distinta.