El Europarlamento adoptó en forma definitiva hoy en Estrasburgo (este de Francia) una versión suavizada de la directiva europea de liberalización de servicios «Bolkestein», vaciada de sus puntos más polémicos.
El texto aprobado busca desarrollar un sector que representa el 70% del PIB de la Unión Europea, pero sólo el 20% de los intercambios intracomunitarios, ya que todavía se encuentra confinado a las fronteras nacionales, a diferencia del sector de los bienes.
En la sesión plenaria, los eurodiputados votaron en segunda lectura el difícil compromiso alcanzado en mayo pasado por los Estados miembros de la Unión Europea, luego de tres años de ásperos debates entre liberales y defensores de la «Europa social».
«El Parlamento Europeo puso fin a un debate de tres años sobre una directiva que despertó muchas pasiones en la UE», se congratuló el presidente de la cámara, Josep Borrell, estimando que el texto aprobado es un «equilibrio entre la apertura de servicios y el respecto de las normas sociales».
En efecto, la propuesta inicial lanzada en 2004 por el ex comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, fue vaciada de varios de sus puntos más polémicos, único modo de llegar a un compromiso.
El principal tema de conflicto era el «principio del país de origen», que estipulaba que un prestatario de servicios debe estar sometido a la ley de su país y no a la de aquél al que viaja para efectuar un trabajo puntual.
Varios países, con Francia a la cabeza, se habían opuesto ferozmente a esta cláusula, considerando que daba lugar a un «dumping social» de parte de los trabajadores del Este de Europa.
El campo de aplicación del texto también fue reducido, ya que no afectará a sectores sensibles como el audiovisual, la salud, los juegos y el notariado, entre otros.
De todos modos, el compromiso alcanzado mantuvo la obligación para los Estados miembros de garantizar el libre acceso a su territorio a los prestatarios de otros países del bloque, con la desaparición de obstáculos juzgados discriminatorios o desproporcionados.
«Desde 1997 hasta 2000, cerca del 96% de los nuevos empleos fueron creados en el sector de los servicios. Es muy importante que este crecimiento del empleo no sea afectado por excesivos obstáculos», recordó este miércoles la eurodiputada liberal finlandesa Anneli Jaatteenmaki.
Para la parlamentaria laborista Arlene McCarthy, presidenta de la Comisión de Mercado Interior de la Eurocámara, el texto «permitirá la apertura de los mercados para las empresas que desde hace mucho tiempo son objeto de medidas discriminatorias».
Tras la votación del miércoles, el texto deberá ser formalmente adoptado en consejo por los ministros de los 25, posiblemente a fines de año. A partir de ese momento, los Estados miembros tendrán dos años para incorporar la directiva en su legislación nacional.