Entender el tema del migrante «no autorizado» como prefiero llamarlo, en lugar de las tradicionales y peyorativas denominaciones de: ilegales o indocumentados, resulta importante y oportuno dadas las coyunturas económicas y políticas que afronta Guatemala.
Sitúo mi análisis en tres contextos diferentes: la realidad nacional, la regional y la mundial. El contexto nacional histórico no ha sido obviamente favorable para el país, desde su fundación dadas las enormes diferencias estructurales que afectan al tejido social nacional en su totalidad y que deriva en complejas relaciones sociales, políticas y económicas que continúan potencializando la marginalidad y la exclusión y que se refleja como en una ecuación numérica en una sola variable = pobreza. La pobreza continúa siendo considerada como la mayor responsable de los flujos migratorios. Según informe publicado por Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) cada hora 58 personas (casi 1 persona por minuto) salen de países latinoamericanos con la intención de no regresar. Se calcula que en la última década migraron unos 30 millones de personas latinoamericanas, que corresponden al 6% del total de la población. La mayoría de estos emigrantes están en edad productiva, es decir, entre 18 y 40 años.
Estos alarmantes números nos sitúan en la realidad de que, en tanto no iniciemos un combate frontal a la pobreza que nos condena al atraso, no seremos capaces de controlar el círculo vicioso que provoca los flujos migratorios que abordan el tren de la desesperación y que obligan al ciudadano a emigrar (deseo aclarar que detrás del factor económico se esconden otras realidades más complejas: seguridad, procesos de alineación, desintegración familiar (otros datos de CODHES: unos seis millones de niños y niñas migraron también, en tanto que un número similar se quedó en sus países de orígenes, al cuidado de familiares u otras personas. Sumemos a ello las familias desintegradas por los procesos de deportación de uno o de ambos padres), solamente para mencionar las más visibles.
He de reconocer que dentro de los procesos de mundialización económica que atravesamos la decisión del próximo gobierno de focalizar la política exterior más allá de la representación política y trabajar en función de la implementación de una política económica ? comercial que trascienda la esfera de la liberalización económica y que se centre en el tema de la implementación de políticas públicas orientadas a la atracción de inversiones, al final, podría traducirse en resultados positivos que potencialicen la inversión privada, nacional o internacional y que comprometa a la inversión publica en zonas deprimidas para transformarlas en auténticos polos de desarrollo.
El combate a la pobreza no es una batalla, es una guerra prolongada y consistente en armonización de políticas públicas que focaliza su atención en temas de inversión social: educación, salud, seguridad alimentaria, servicios básicos entre otros y que incide en la competitividad del país insertado en procesos mundiales de liberalización económica y movimientos sin fronteras de flujo de capitales (he aquí una paradoja de la globalización en relación a la emigración).
El debate que puede surgir desde los «Estados receptores» de migrantes, amparados en su derecho y en el derecho que impone e inculca el fiel cumplimiento de la ley, se desmorona ante el argumento de que el tema de la migración es un tema que debe abordarse en el contexto de la bi o la multilateralidad; fijar posiciones desde el unilateralismo puede resultar contraproducente al final de cuentas. Ante este somero análisis, asociado a la apertura comercial, flujo de capitales y migración seremos capaces entonces de presentar una política nacional e internacional que se afinque en la estrategia de la corresponsabilidad y el trabajo conjunto. Europa ha buscado generar este debate con sus «socios africanos».
*Politólogo con orientación en Relaciones Internacionales y estudios de post grado en Derecho Internacional y Política. guatenpositivo@yahoo.es