En las montañas colombianas, los soldados desplegados para intensificar la búsqueda de rebeldes digieren de mala gana la excarcelación masiva de guerrilleros y estiman injusta la polí­tica del presidente Alvaro Uribe para conseguir la liberación de 56 rehenes de las FARC.

Un aire de revancha parece planear sobre las incesantes patrullas que los militares realizan en Toribio, un poblado indí­gena de 25.000 habitantes ubicado en la cordillera de los Andes a 600 km al sudoeste de Bogotá.

Perdido en medio de campos de café y coca, Toribio tiene una historia como bastión de la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«Nuestra misión es intensificar las operaciones de búsqueda para capturar a cualquier precio a esos bandidos de las FARC», aseguró a la AFP el capitán Alejandro Ovalle, de 26 años, jefe del puesto de policí­a militar.

En 2002, las FARC conquistaron la localidad y se burlaron descaradamente de las autoridades con la difusión de videos con imágenes de la explotación a la que sometieron a los pobladores y las caras de los rebeldes a las risotadas. Al ejército le tomó tres años lograr que se fueran de regreso a la selva.

Los enfrentamientos con rebeldes no han dejado de cobrarse numerosas ví­ctimas entre los militares, quienes se sienten traicionados con el proceso de liberación e indulto impulsado por Uribe para intentar obtener un gesto de reciprocidad de las FARC respecto a 56 rehenes en su poder, entre quienes se encuentra la polí­tica franco-colombiana Ingrid Betancourt.

«Se nos bajó la moral. Mucho de nosotros han arriesgado la vida para capturar a esos guerrilleros. Pues eso nos duele cuando los vemos salir de la cárcel», declaró un policí­a bajo condición de anonimato convertido aparentemente en portavoz del sentimiento general.

Desde las alturas de Toribio, una base militar disimulada entre la espesa vegetación impide todo pasaje por ese corredor estratégico. Pero la guerrilla mantiene posiciones con francotiradores en la montaña desde donde multiplica sus ataques.

Jóvenes soldados del batallón de Cali, la metrópolis más cercana, reconocen discretamente que debieron buscar nuevas motivaciones después del inesperado gesto de benevolencia del mandatario.

«Tuvimos que volver a motivarnos», dijo un soldado que solicitó el anonimato.

Además, «los polí­ticos deben tener sus motivos», estimó el comandante William Romero, de 32 años. «Nuestro trabajo es proteger a la gente. No es nada fácil porque ahora, que se han debilitado, los guerrilleros se visten de civil y se camuflan entre la población», añadió.

Si bien la comunidad indí­gena, que representa más de nueve de cada diez habitantes de Toribio y ha vivido sometida a los asesinatos, secuestros y extorsiones de los rebeldes, no se hace ilusiones con respecto a un cambio debido a la intransigencia de la que hace gala el Ejército.

«Lo único que deseamos es vivir en paz y poder andar libres», señaló Florentino Yatacue, un indio de 30 años.

Un «guardia indí­gena», como se denomina a los mediadores de las autoridades locales, admite su deseo de creer que la actitud de buena voluntad exhibida por el Gobierno inspirará mayor comprensión para con los militares.

«A veces los soldados nos reciben a balazos pues nos toman por informantes de las FARC. Lo peor es que la guerrilla cree que colaboramos con el Ejército», se lamentó Roosevelt Cabrera, un pequeño indio de 39 años que munido de su «bastón de mando» -sí­mbolo de sabidurí­a entre los suyos- realiza exhaustivos recorridos de la región.

La Iglesia católica, que juega un papel pacificador en el conflicto, tampoco se hace muchas ilusiones de que pueda concretarse la reconciliación entre el Ejército colombiano y las FARC, que con 17.000 efectivos es la mayor guerrilla de América Latina.

«Cuando un grupo intenta de imponerse sobre el otro, los que pagan son los civiles. Ningún arma es bendecida», aseguró el padre Ezio Guadeloupe Roattino, un sacerdote italiano que desde hace 23 años está a cargo de la parroquia de Toribio.