La mayorí­a de la gente en la calle se pregunta: ¿por qué no funcionan las leyes en Guatemala, teniendo tantas de ellas a la mano la justicia para castigar a quien viole las normas jurí­dicas de una forma u otra, leve o gravemente? Y es que violadores de la ley se encuentran en cualquiera de las ocho regiones que integran el territorio nacional, desde polí­ticos hasta el ciudadano común.

Denuncias ha habido, pero se conjugan con pasividad, presiones polí­ticas, amenazas, falta de voluntad polí­tica pero principalmente que los legisladores sacan por montón las leyes sin crearles su fuente de financiamiento, opinan fuentes consultadas.

Casos concretos le ha tocado vivir a la sociedad guatemalteca, la Ley del Adulto Mayor sin Cobertura Social, que aunque ahora se maneja con aproximadamente Q400 millones, durante su creación fue como conectar el agua sin contar con la red de distribución dentro de la casa.

Carlos Vega Fernández, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), opina que muchas leyes que necesitan fondos económicos, no los da el Organismo Ejecutivo o los dan en un porcentaje insignificante y eso hace inoperante la Ley.

El Decreto Gubernativo 15-2009, que posteriormente fue ampliado con el que se limitó que dos personas viajaran en moto, le creó así­ un problema al ciudadano más pobre que se vale de ese medio de transporte, dice el analista Vega Fernández.

La Ley Ambientes Libres de Humo de Tabaco, pero los fumadores siguen fumando. Según el analista de Asies, las autoridades de Salud no fueron dotadas de partida económica especí­fica para organizar las unidades de vigilancia de cumplimiento de la ley.

Pero rebasó, dice Vega Fernández, porque fue muy severa contra los fumadores debido a que en otros paí­ses donde funciona esa categorí­a de legislación, la prohibición de fumar incluye áreas de fumadores y no fumadores, mientras en Guatemala la prohibición es en casi cualquier lugar.

MUERTE A DIARIO

Existe, además, la Ley de Femicidio, un esfuerzo enorme del grupo de parlamentarias para crearla y que como pocas veces se les vio unidas para conseguir el voto de sus colegas hombres para la aprobación final de dicha norma.

Sin embargo, el último análisis presentado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), sólo en enero pasado, ya se totalizaban 354 personas asesinadas violentamente, de ellas 38 mujeres y una niña.

Asimismo, 214 personas heridas por diversas causas y otra vez el número de mujeres llegó a 40 entre ellas dos niñas, solo en enero.

El 2009 dejó más de seis mil personas asesinadas, un número significativo de mujeres, denuncias que alzaron la voz de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por el alto impacto que reviste.

Sandino Asturias, analista de seguridad del Centro de Estudios para Guatemala (CEG), explica que hay avance sustancial en el marco normativo para mejorar los niveles de seguridad y justicia en el paí­s.

Pero también debilidad; «si tenemos una policí­a debilitada, no podemos hacer un plan de desarme; si tenemos una policí­a debilitada no podemos controlar el sicariato en motos».

Estamos frente a un momento que se trata de fortalecer a las instituciones que hagan cumplir las leyes, porque las normativas son suficientes, pero se marca la ausencia de voluntad para transformarla en polí­tica pública y en realidad nacional, resalta el analista Asturias.

Es de lamentar que las leyes no se cumplen por la falta de recursos económicos que siempre son escasos para la seguridad y justicia, pero también falta de planes integrales, que no se han visto como eso, «planes integrales», destaca Asturias.

«Cualquier persona que adecuadamente haga esa lectura del paí­s, se dará cuenta de esa debilidad institucional», es el criterio que sostiene el CEG.

Javier Hernández, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, percibe que hay falta de voluntad porque recuerda que la ley marco de seguridad nacional da los lineamientos para que se cumplan las leyes, «o no tienen conciencia para efectuar esas leyes que van en beneficio de la población», opina.

Valentí­n Gramajo, subjefe del bloque Patriota, opina que en el dejar hacer, dejar pasar «(en el Gobierno) no entienden lo que están haciendo, haciendo planes permanentemente y que iban a solucionar con inteligencia todo lo relativo a violencia, sin embargo seguimos peor», apunta.

Iván Arévalo, jefe del bloque Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el fallo real de las leyes lo ve dentro de una mezcla de transculturación, desintegración de la familia, presiones internacionales para que el Congreso pueda crear o reformar leyes. «Todo el mundo cree que es como una receta de cocina y que así­ todo va a cambiar».

Pone de ejemplo la descomposición que existe en la Policí­a Nacional Civil donde hay que desarticular las supuestas bandas que operan bajo ese paraguas, aplicando la ley y que los funcionarios y la población muestren respeto por la ley, agrega Arévalo.

Otros problemas son tribunales que cumplen hasta dos o tres funciones por falta de presupuesto en la Corte Suprema de Justicia. Académicos, analistas, expertos y organismos internacionales han analizado que Guatemala es el paí­s que más leyes emite.