Alrededor de 16 organizaciones sociales y de derechos humanos plantearon el año pasado una iniciativa de ley para aprobar la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzada e Involuntariamente.
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Entre las entidades civiles y estatales que integraron dicha iniciativa se encuentran: la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), el Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Ministerio Público (MP), quienes se involucraron en la asesoría técnica y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), entre otras.
Dicha iniciativa fue presentada en el Legislativo el 14 de diciembre de 2006 y fue conocida el 18 de enero de 2007, posteriormente fue remitida a las comisiones de legislación y puntos constitucionales y de Finanzas Públicas y moneda para que emitan el dictamen correspondiente.
Perspectivas
Estuardo Galeano, coordinador del írea Jurídica del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), indicó que el documento persigue fundamentalmente el carácter humanitario de búsqueda de las más de 45 mil víctimas, y añadió que Guatemala, tiene el mayor número de desapariciones de Latinoamérica.
El abogado agregó que tras el avance en este tema se estaría logrando que se asuma por parte del Estado el cumplimiento efectivo de lo contemplado en los acuerdos de paz.
Mario Minera, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), refirió que «la desaparición forzada no sólo viola todos los derechos internacionales de la víctima, sino somete a los familiares a un sufrimiento, es sólo equivalente a la tortura».
í‰sta constituye un delito continuo o permanente, el cual en el país no es juzgado como tal en casos de derechos humanos.
Ambos juristas coincidieron que esta es la nación en la que menos se ha avanzado en el tema.
En el Parlamento:
Actualmente la iniciativa se encuentra en manos de dos de las comisiones del Congreso de la República.
El diputado Jorge Alfonso Ríos Castillo del FRG, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales señaló que «el documento está en estudio y que en septiembre podría emitirse uno para que sea remitido al pleno, el cual podría aprobarlo en tres lecturas.»
El diputado eferregista no resaltó ninguno de los aspectos contenidos en dicha iniciativa aduciendo que se encontraba en otras actividades al momento de ser consultado al respecto.
El entrevistado por CALDH dijo que «actualmente hay más de 100 diputados que se quieren reelegir y actualmente las funciones del Legislativo giran en función a los intereses de la campaña», y adicionó que existe además inoperancia del sistema de investigación y persecución penal en el MP y falta de voluntad política.
El parlamentario respondió a ello que tienen pendiente una entrevista con delegados del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), para tratar el asunto. «Todo comentario que emita cualquier persona es pura estipulación», reiteró.
Se intentó obtener los comentarios del jefe de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, Manuel Baldizón, pero no se logró la comunicación.
La postura del GAM ante el trámite actual de la iniciativa es «presionar para que los diputados sepan que no tiene que legislar a favor de un cacique de partido político sino a favor del pueblo, los diputados tienen que despojarse del sentimiento partidista y emitir dictámenes a favor de las mayorías», finalizó.
La iniciativa antes mencionada tiene entre otros aspectos, plantear que la búsqueda de personas desaparecidas es una obligación constitucional del estado de Guatemala, pues literalmente dice: «el Estado tiene una enorme deuda pendiente con las miles de víctimas de la desaparición forzada y otras formas de desaparición durante el conflicto armado interno, que va desde el derecho a la justicia, a la verdad y una reparación efectiva?»
Asimismo contempla que la Comisión Nacional de Búsqueda: «?requiere gozar de autonomía e independencia y no estar subordinada a ninguna otra institución».
¿Dónde están?
Chile y Argentina son dos de los países latinoamericanos que más han avanzado en la temática de las desapariciones forzadas.
El informe del proyecto Interdiocesano de recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), registró un total de 3,893 víctimas de este hecho, mientras que la Comisión Para el Esclarecimiento Histórico anotó 6,156 casos durante la guerra interna.
Organizaciones de la sociedad civil estiman que las cifras podrían superar los 45 mil casos y promueven toda clase de actividades a favor de las víctimas y los familiares. Estos grupos de presión han calificado la actitud asumida por el estado como «negligente».