Es curioso que a partir de la vigencia del Decreto 60-69, Ley de Protección de La Antigua Guatemala, comenzara a perderse la unidad del conjunto arquitectónico del Centro Histórico, así como el deterioro de tradiciones identitarias únicas, que fueron la base para que la UNESCO le otorgara en 1979 el título de patrimonio cultural de la humanidad.
EL INTERí‰S Y PREOCUPACIí“N por el estado y futuro de esta ciudad pareciera ser un asunto exclusivo de unos pocos, y no de la mayoría de ciudadanos, tanto vecinos originarios, como de residentes, que ya tienen afincados aquí sus intereses familiares y económicos.
Esa actitud explica, en parte, que hayan pasado 38 de vigencia de dicha ley, sin que el Congreso de la República aprobara reformas, para actualizarla, en dirección de que sirva eficazmente a la protección y conservación de la ciudad, mediante una apropiada legislación coercitiva, con tipificación de delitos contra el patrimonio y una escala de sanciones económicas para los infractores. En este caso, son obvias las múltiples violaciones, pero son pocas las sanciones económicas, cuando las hay; y mucho menores las sentencias judiciales condenatorias.
LA ASOCIACIí“N IXIM pondrá en el tapete de la discusión pública la importancia de introducir reformas a la Ley de Protección de La Antigua Guatemala, por medio de un taller y un foro público, que se realizarán el miércoles 5 de marzo de 2008, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la ciudad colonial.
Están siendo invitadas autoridades municipales, Consejo Protector, Ministerio de Cultura y Deportes, Universidad de San Carlos, UNESCO, entre otras, y las diversas organizaciones civiles locales, así como ciudadanos interesados en el tema. No hay por qué perderse para entrarle a este debate, si tomamos como marco de referencia lo que yo llamo el «Informe Rigol», que no sólo ha señalado los principales problemas que sufre la ciudad patrimonio mundial, sino que ha formulado importantes recomendaciones, las cuales no han sido desarrolladas ni cumplidas por las autoridades correspondientes. El proceso de socialización de este tema permitirá obtener ideas y argumentos valiosos para que los diputados de Sacatepéquez se identifiquen con la ciudad que los eligió, y se comprometan a promover las reformas respectivas en el Congreso de la República.
38 Aí‘OS SIN REFORMAS significa indiferencia, abandono, irresponsabilidad y complicidad, de autoridades ejecutivas, municipales, legislativas, de las organizaciones locales y de los ciudadanos antigí¼eños, porque los cambios de fachadas y altura de casas, incluso, la construcción de dos pisos, son tan notorios que han alterado el entorno histórico de La Antigua Guatemala.
En 2005 el Congreso de la República aprobó el Decreto 29-2005 que prácticamente sustituía el Decreto 60-69 el cual fue vetado por el ex presidente í“scar Berger. Entre los argumentos contra la sanción de dicho decreto destaca el relativo a que se debe mantener la prohibición de construir casas de dos niveles, así como la de no permitir construcciones de seis metros 50 centímetros de altura máxima en la zona principal de máxima conservación y de siete metros en la zona de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque contraviene la conservación de la imagen urbana y arquitectónica de la ciudad colonial. Ese decreto también fue vetado porque se establecía la posibilidad de reconstruir partes de los monumentos de la ciudad, lo cual ponía en «riesgo de pérdida el actual valor histórico y excepcional valor universal de los conjuntos monumentales de la misma».
En resumen, es justo introducir reformas al Decreto 60-69, lo que constituye tarea primaria del Congreso de la República. Y para impulsar estas reformas es importante que los ciudadanos antigí¼eños salgan de su mutismo y de su profundo letargo, y decidan participar con responsabilidad en la promoción de las reformas que necesita dicho decreto.
Finalmente, es deseable que los tres diputados de Sacatepéquez, Sergio Célis, Efraín Asij y Galim Morales, asuman su compromiso de impulsar estas reformas legales.