Ley podrí­a significar 25 ó 30 millardos de quetzales para este año


El diputado unionista Mariano Rayo es el ponente de la ley de extinción de dominio, que busca embargar los bienes de procedencia ilí­cita. FOTO LA HORA: GABRIEL HERRERA

Mariano Rayo, diputado Unionista, sintetiza el contenido de la iniciativa número 4021, ley de actualidad con la que se pretende atacar de frente a un flagelo que está azotando a la sociedad guatemalteca en general y que representa un fenómeno en Centroamérica y Latinoamérica.

Gabriel Herrera
lahora@lahora.com.gt

Según Rayo, la sociedad tiene que levantar

– «Extinción de dominio, pérdida de este derecho a favor del Estado sin contraprestación ni compensación» ¿Cómo se explica este concepto, tí­tulo del proyecto de ley?

– Es una figura de origen que encontramos ya en la época de los romanos y se desarrolla más recientemente dentro del derecho ambiental. En la década actual, se traslada en función de la prevención y combate de hechos delictivos y actividades ilí­citas. Se busca quitarle bienes a quienes los adquieren para beneficio personal con el fruto, ganancia o interés generado por una actividad ilí­cita o un hecho delincuencial fuente de ingreso sucio. Por tanto, para beneficiar a la sociedad, el Estado lo recupera y se lo devuelve en su beneficio.

– ¿Qué los movió como diputados ponentes a conjuntar una iniciativa de ley de esta categorí­a?

– Tiempo atrás se ha estado analizando la alarmante situación de una economí­a criminal galopante en este paí­s. Es preocupante ver como al amparo de muchos, hay una economí­a criminal que ha crecido como un virus maligno, que tiene vasos comunicantes con la economí­a normal. Tení­amos que encontrar a la luz de la experiencia de otros paí­ses, qué mecanismos podemos poner a disposición para, primero limitarle el crecimiento; segundo, para reducir su tamaño y tercero ojalá, y en algún momento, eliminar esa nefasta economí­a criminal del paí­s.

– ¿Ese virus maligno cómo se nota en la sociedad?

– Se nota cuando muchos bienes son adquiridos con dinero mal habido, muebles, inmuebles, joyas, vehí­culos, fincas, lanchas, chalets, ropa, por supuesto armas, aviones, como empiezan a invertir en empresas, en cadenas de farmacias, gasolineras. Como dinero mal habido, y aquí­ es importante decirlo, no está circunscrito a narcotráfico, estamos hablando de extorsión, secuestro, crimen, corrupción, enriquecimiento ilí­cito, tráfico de influencias.

– ¿Hay algún registro de bienes adquiridos a través de acciones ilí­citas?

– No. Es lamentable decirlo, pero los registros que constan del lado del Ministerio Público o del Organismo Judicial son muy dispares y aunque puedan estar actualizados no necesariamente coinciden.

– ¿Considera fácil o difí­cil hacer conciencia en los diputados para que apoyen esta ley?

– La sociedad tiene que levantar el rótulo de alto, no más, se acabó, ya no tolerarlo. Lamentablemente esa bacteria que es deseo de ganancia rápida, del dinero fácil, ha hecho que mucho se pierdan los valores y principios de una sociedad pací­fica y democrática. La gente se ha vuelto tolerante, incluso cae fácilmente a recibir dinero no preguntando de donde proviene con tal de obtener ganancia fácil. Sin embargo, creo que la mayorí­a no queremos más esa situación. Tenemos que hacer cosas extraordinarias para situaciones extraordinarias.

– Está a la vista de la opinión pública que algunos gobernantes de turno no han administrado bien recursos materiales y monetarios del Estado. ¿Han contemplado qué ocurrirí­a si se detectara a un empleado o funcionario público dentro de esa categorí­a y cómo hacer que pierda los bienes?

– Somos claros en decir que la responsabilidad de un funcionario público para efectos de mejor atención del tema va cinco años hacia atrás, a partir del momento, y veinte años hacia adelante haciendo lo consiguiente con la legislación en materia de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos. Para el lado de los sujetos privados es una cosa similar, quisiéramos muchos más, pero sabemos de las limitaciones que tienen los estados para lograrlo. El punto es ponerle un coto, un hasta aquí­, una barrera, un dique, para que se quite el incentivo al criminal de seguir adquiriendo cosas con dinero sucio.

– ¿Y cómo se logra saltar el obstáculo de la irretroactividad de la ley?

– Se va a investigar si alguien ha tenido alguna actividad y se determina que a través de la ví­a ilí­cita va adquirir bienes, no vamos a perseguir el delito como tal, eso es un asunto penal, eso va en otra ví­a. Aquí­ es que si hubo acumulación de algún tipo de dinero y si con esa acumulación se adquirieron bienes. Aparte es el tema del delito que provocó tener el dinero y allí­ se supera el tema de la irretroactividad

– ¿Dónde se identifica más lo ilí­cito?

– Tenemos de todo. Lamentablemente son de aquellos secretos a voces y donde se dice que a veces se construyen edificios y se mantienen vací­os; pero cuando uno pregunta le dicen, no, todo está vendido. Vemos fincas, propiedades rústicas inmensas que fueron vendidas, fueron cedidas. Estamos hablando lamentablemente de centros urbanos, en muchas colonias ya hay cuadras enteras compradas a través de dinero sucio y se vuelven reductos de criminales. El resguardo de esa ganancia ilí­cita no la tienen necesariamente guardada en los bancos. Aquí­ fácilmente se venden cosas y no se piden facturas, no se piden comprobantes y la maleta llena de dólares o de quetzales es más que suficiente.

– ¿Qué significan interdicción y control al tráfico de armas; control a los cultivos ilí­citos; extinción del dominio de bienes adquiridos por el narcotráfico y control al lavado de activos?

– Estamos dando una función dinámica al Estado, a las fuerzas de seguridad encargadas de la prevención, persecución y represión del delito.

– ¿Qué cantidad de dinero podrí­a significar la extinción de dominio?

– Se ha calculado en alrededor de 25 ó 30 mil millones de quetzales ya para este año 2009.