El Presidente hace más grande el truco o la trampa al informar del envío de una carta al Tribunal Supremo Electoral pidiéndole opinión «sobre los alcances de la prohibición constitucional de hacer publicidad de la obra pública durante la campaña».
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Acertadamente, í“scar Bolaños, presidente del TSE, le advierte lo que la ley indica y le manifiesta que si no cumple, el tribunal le aplicará «sanciones morales»; en ello se equivoca porque, en el caso de violarse la Constitución durante el proceso electoral, solo procede la denuncia ante el Ministerio Público.
El TSE contrata más de 120 responsables de velar por el respeto a la Constitución y a la Ley Electoral e indica que vigilará el comportamiento del Presidente, funcionarios del Ejecutivo, alcaldes y funcionarios municipales, evidenciando su preocupación; por tanto, cualquier ilegalidad debe denunciarla.
La prensa y la sociedad civil han manifestado que apoyan el respeto a la prohibición de usar recursos públicos para hacer propaganda; es decir, información pagada de la obra pública. Varios editoriales han llamando al Presidente y demás funcionarios a respetar la norma constitucional.
Preocupa sí que conocidas abogadas accionen ante la Corte de Constitucionalidad en contra del artículo 223 de la Ley Electoral, confundiendo el libre acceso a la información con la información onerosa y políticamente interesada. Inclusive la invitación a periodistas a acompañar al Presidente en sus inauguraciones es un gasto a cambio de información y por consiguiente viola el precepto constitucional.
La excepción justifica la regla, el artículo 223 de la Constitución limita la propaganda o información pagada al Presidente, a los alcaldes y a los funcionarios del Ejecutivo y las municipalidades, de forma excepcional, por un breve lapso de tiempo. Lo que tutela es más importante que lo que limita, evita que los impuestos se utilicen de forma directa o indirecta en promover a un partido o a los candidatos de un partido, se impide que el Presidente y los demás funcionarios influyan o induzcan cómo debe de votarse.
El Presidente dice que su obligación es informar, pero informar significa responder, dar datos sobre lo que se está haciendo, lo cual no puede ni debe hacerse de forma onerosa durante las elecciones. Después de la segunda vuelta existen 70 días para inaugurar todas las obras concluidas y nuevamente pautar las publicaciones onerosas que desde el primer día el gobierno ha pagado con los impuestos, publicaciones que al ser pagadas son propaganda para sí, para su gestión política partidaria.
En conclusión, de buena fe y aunque no hemos coincidido mayormente durante los más de 40 años de conocernos, le sugiero al Presidente no continuar con esta equivocada actitud que perfectamente le puede llevar a ser sometido ante los tribunales de justicia. A partir del 14 de enero, nadie lo va a invitar a tomar café y los muchos que usted ha beneficiado y escuchado ni lo van a conocer, salvo doña Wendy que es su mejor respaldo, le aplicarán el término de muerto el rey, viva el rey.