El Congreso de Guatemala aprobó anoche la Ley de Libre Acceso a la Información Pública después de 10 años de debates y el clamor popular para la vigencia de una normativa que se espera combata la corrupción pública y fomente la transparencia, informaron fuentes oficiales.
La nueva ley entrará en vigor dentro de 180 días para dar tiempo a las instituciones públicas a prepararse, precisó el presidente del Congreso, el opositor Arístides Crespo.
Crespo explicó que con la nueva ley todas las entidades públicas, autónomas, descentralizadas y privadas que reciban fondos públicos están obligadas a informar sobre su gestión y la administración de los recursos.
Entre la información, la población podrá solicitar la cantidad del presupuesto asignado a una entidad y cómo se ejecuta, incluidos los salarios del personal y viáticos. Pero si se niegan a entregar la documentación, que será gratuita, podrán acudir a tribunales.
El personal que se oponga a entregar la información podrá ser sancionado con multas o prisión que oscilará entre cinco y ocho años.
«Es un paso importante para fortalecer la democracia y combatir la corrupción», comentó la diputada de la opositora Bancada Guatemala, Rosa María de Frade.