Un retraso ya de trece años ha cumplido el compromiso de tener bajo único control del Estado a los grupos armados que operan en el territorio nacional, opinan expertos. La preocupación se eleva como la temperatura, al seguir siendo espectadores de lo que ocurre con el crecimiento de las empresas particulares que reclutan más y más hombres para formar cuerpos de policí­a de carácter privado.

Ese reclutamiento ha venido a formar un ejército paralelo que casi está sin control de los órganos que deben velar por su vigilancia, es decir, vigilancia de la calidad del capital humano y las armas que utilizan.

Mientras tanto, los controles del Ministerio de Gobernación y de la cartera de Defensa siguen siendo vagos, limitados a cierto número de esas empresas y a los elementos que las integran, opinan expertos.

La violencia sigue en espiral. Analistas en seguridad ven con preocupación que el número diario de muertos por esa violencia crece y la población se ha acostumbrado a ellos como cosa rutinaria.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios para Guatemala, reprocha que en el paí­s se causen 18 muertos diarios y que 15 de ellos estén focalizados que mueren por arma de fuego.

Mientras tanto, va contra la lógica que el paí­s cuenta con fuerzas combinadas PNC y Ejército, cuando el compromiso de los Acuerdos de Paz no llevaba ese espí­ritu.

Carlos Vega Fernández, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), percibe que el crecimiento desproporcionado de las fuerzas de policí­a privada es un problema de Estado.

El cálculo de Asies es de casi cinco o seis veces el número de agentes de policí­a, el que sobrepasa a los que tiene el Estado para proteger a la población, su vida y sus bienes.

ílvaro Pop, analista de la Asociación Naleb, coincide con sus colegas acerca de la ausencia de Ley para hacerle frente a este problema que requiere solución, y la discusión de esa nueva iniciativa podrí­a ser la mejor ví­a

LA INICIATIVA

La iniciativa de ley tiene un dictamen favorable recibido por la Dirección Legislativa del Congreso desde hace más de tres años, pero ha vuelto a la mesa de discusión para hacer las reparaciones del caso.

Actualmente está abierta dicha mesa donde la sociedad civil participa para hacerle los ajustes que surtan los efectos frente a las necesidades actuales.

Sandino Asturias de CEG, explica que en el cabildeo se encuentran por aparte los empresarios de las armerí­as y la gremial de las empresas de seguridad que alcanzaran balancear sus intereses de grupo.

El dictamen reza elegantemente consideraciones que pasan por el orden constitucional de salvaguardar los derechos a la vida de la población, pero lo contrastaron con el reconocimiento a la libertad de industria, comercio y trabajo.

Lo referente a la consideración polí­tica dentro del dictamen, justificaba entonces que son insuficientes las fuerzas de seguridad del paí­s para cumplir con las obligaciones de brindar protección a la población.

Mientras que la congruencia con el orden legal, reitera la obligación del Ministerio de Gobernación de encargarse de conducir los cuerpos de seguridad pública. Toma en cuenta que las leyes vigentes son débiles para el propósito de regular el tema.

Curiosamente no firmaron aquel dictamen de hace tres años, el secretario de la comisión de Gobernación diputado oficialista César Augusto Fajardo Rodrí­guez; tampoco la representante de la URNG, Alba Estela Maldonado. Tampoco aparece la firma de Roxana Baldetti del Partido Patriota

FíSICO Y MONETARIO

ílvaro Pop, de la Asociación Naleb, dice que solucionar el control de las policí­as particulares es urgente porque actualmente en la mayorí­a de casos no hay control exacto de las caracterí­sticas y perfiles con que operan esos grupos

La población usuaria, particulares y empresariado, en su mayorí­a desconoce si hay o no control de las empresas y quiénes son sus accionistas. Hace falta también un reglamento a la ley para que la desarrolle y que surta el control efectivo.

Pop, analiza que el elemento humano que es contratado para prestar los servicios de seguridad en empresas y viviendas son vulnerables al crimen organizado porque tiene sus causas.

Las causas están a la vista de todos, los salarios promedio son de Q1,300 mensuales y desgaste fí­sico y mental con turnos de 24 horas, considerando esas tareas como un funcionamiento de maquila.

Las empresas forman sus bases regularmente con soldados de segunda clase que terminaron sus 24 meses de servicio en el Ejército y de eso se aprovechan los empresarios para no pagar mejores salarios y elevar la calidad de ese personal especializado.

Los analistas coinciden que además el paí­s necesita de una campaña seria y agresiva de despistolización, ya que a pesar de haber sido aprobada una nueva Ley de Armas y Municiones, continúa el decomiso de armas de fábrica o hechizas.

NEGOCIOS DE VIOLENCIA

Desafortunadamente la debilidad que ha caracterizado a los gobiernos en materia de seguridad es lo que llevó a que se privatizara un deber que tiene el Estado y sus fuerzas de seguridad, analiza Sandino Asturias.

Esa permisividad y el raquí­tico empeño de los gobiernos ha contribuido a que se arme el crimen organizado y eso ha generado los niveles de violencia que el Estado no es ya capaz de controlar.

Asturias también analiza que los agentes reclutados por la empresa privada no son profesionales y los comerciantes no registran las armas.

El contenido de la iniciativa de ley que sigue en discusión es ambicioso, adelanta Sandino Asturias, porque se contempla que salga a la vida un instrumento legal con capacidad material y capacidad económica.

Eso para evitar que sea como otras normativas que no cuentan con fondos para su desarrollo, «sino son leyes que quedarí­an en el vací­o, sino solo se crearí­a una nueva institución de papel que no servirí­a para nada», responde.

CONSTITUCIí“N

Ante la falta de una ley fuerte y sancionadora para controlar efectivamente a las fuerzas de policí­a concentradas en empresas privadas y en muchos casos fuera del control del Estado, también las funciones del Presidente de la República se ven limitadas.

Eso porque el artí­culo 183 incisos a) y b) de la Constitución Polí­tica de la República de Guatemala, faculta y ordena al mandatario de turno para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Asimismo, a proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así­ como a la conservación del orden público.

Pero también los incisos c) y d) depositan en él ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas así­ como ejercer el mando de toda la fuerza pública, lo que implicarí­a hacer suyo el problema del crecimiento desmedido y en parte sin control de las policí­as particulares.

FUE NOTICIA

Empieza a ser común la captura de policí­as privados con armas que no pueden ser justificadas con la licencia respectiva, tampoco portan gafetes de identificación que deberí­an estar cerificados por el Ministerio de Gobernación.

Las armas de fuego no están autorizadas ni registradas ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) o controladas por el Ministerio de Gobernación a través de la PNC.

La oficina de prensa de la Policí­a Nacional Civil (PNC) dio a conocer en enero y febrero sobre la captura primero de Henry Nicolás Hernández Roque, de 19 años de edad, y José Manuel Hernández Morales, supuestos elementos de una empresa de seguridad.

Les incautaron dos revólveres calibre 38 milí­metros con cinco cartuchos útiles en cada arma, pero al solicitarles las licencias de portación de arma, los detenidos únicamente entregaron dos documentos vencidos que fueron extendidos por el antiguo Departamento de Control de Armas y Municiones (DECAM).

Otro caso, agentes de la Comisarí­a 12 de la Policí­a Nacional Civil detuvieron a José Manuel Cacao Xol y a David Quej Coy, de 18 y 23 años, respectivamente; ambos transitaban uniformados supuestamente como agentes de seguridad privada de la empresa «SERPROP», frente al lote número 603, manzana 11, colonia Maya, zona 18.

Portaban dos revólveres calibre 38 especial, marca Ranger, registro número 04766E, con seis cartuchos útiles. El otro agente llevaba un arma calibre 38 especial, marca Ranger, registro No. 04716E, con cuatro cartuchos útiles y prendas de vestir, pero al momento de solicitarles licencias de portación de arma de fuego para policí­as particulares y su carné dijeron carecer de los mismos.

ROBAN ARMAS

Abraham Valenzuela, ministro de la Defensa Nacional, confirmó sobre el robo de armas que sufrió el Ejército a finales de 2009.

Analistas han mostrado la preocupación que esas armas se diluyan entre las miles que están en poder del crimen organizado.

Esto se sumarí­a a la preocupación de la cantidad de armas que no están registradas ni en la Dirección General de Control de Armas y Municiones ni en la oficina de control de Empresas de Seguridad Privada en la Policí­a Nacional Civil.