La propuesta que busca frenar el robo de celulares no logró revivir pese a la presión de organizaciones de la sociedad civil. La actividad en el Congreso es mínima y no hay cabida para conocer el proyecto.

Si bien, el tema surgió en la legislatura anterior, fue este año que la ley que busca el registro móvil cobró mayor fuerza, sin embargo, la presión de las organizaciones no fueron suficientes para que la iniciativa llegara al pleno del Congreso. Los diputados Nineth Montenegro y Óscar Chinchilla estuvieron promoviéndola pero sin éxito.

“Vamos a hablar con la comisión encargada de analizar el tema, hoy por hoy se encuentra sin dictamen, la ley es importante ya que el robo de celulares, las extorsiones, se siguen registrando, creo que lo más importante de esta ley es el registro móvil. Existe falta de voluntad de la comisión, espero que el próximo período podamos revivir el tema para que no quede en el olvido”,  explicó Chinchilla.

El Movimiento Pro Justicia que aglutina a varias organizaciones ha tratado de mantener el tema en el ambiente: “Nuestro objetivo es impulsar la aprobación de legislación pertinente, para evitar el robo de aparatos móviles y que existan normas para sancionar a aquellos que se valgan de un celular para cometer otros delitos, como extorsión o secuestro”, resalta desde su página web el grupo encabezado por Carmen Aída Ibarra.

La propuesta establece varios pasos que contribuirían a frenar el robo de celulares que afecta a millones de personas. El primer paso sería en la compañía celular, los usuarios registrarían sus celulares en la compañía telefónica correspondiente en donde la información será confidencial. El segundo paso sería la creación de dos bases de datos, una positiva, la cual contendrá todos los números telefónicos habilitados y la negativa que contendrá todos aquellos que hayan sido reportados como robados.

Luego en caso que exista robo o pérdida, el usuario deberá comunicarlo al operador de servicio telefónico inmediatamente.

Creación de nuevos delitos

La propuesta que se encuentra bajo análisis por la Comisión de Comunicaciones establece la creación de cinco delitos: la activación ilegal de celulares tipifica la clonación y establece pena de prisión de cuatro a ocho años, la comercialización establece penas de seis a ocho años, la comercialización de equipos móviles, secuestro de celulares sin registro de manera que los teléfonos que sean incautados por el Ministerio Público o la Policía Nacional se rijan por las reglas del secuestro.

Junto a estos delitos se crea el registro de los celulares, punto esencial de la propuesta, para que se elimine el anonimato en las llamadas y se proporciona a la Policía Nacional y al Ministerio Público las herramientas que permitan investigar a quien utilice un móvil para cometer cualquier acto delictivo. El proyecto fue entregado el pasado 27 de junio. Sin embargo, no logró avanzar, ya que tiene el rechazo del sector privado, quienes argumentan que no es acertado el registro, ya que los datos de los usuarios corren riesgo de ser mal utilizados, por lo que proponen que la apuesta sea mejorar las penas y fortalecer los delitos. Esa postura ha sido ratificada constantemente en las audiencias y acercamientos que han organizado diputados y representantes de la sociedad civil.