La frágil recuperación de la economía de Zimbabue corre el riesgo de quedar reducida a la nada a raíz de una nueva ley defendida por el presidente Robert Mugabe, que impone a las empresas extranjeras transferir el 51% de su capital a manos locales.
Desde la publicación de esta «ley de nacionalización» a principios de febrero la bolsa de Zimbabue cayó un 10% y las acciones de los grupos mineros perdieron 20%.
Esta legislación, que entró en vigor el 1º de marzo, da un plazo de cinco años a todas las empresas con un capital superior a 500.000 dólares para que la mayoría de sus acciones pase a manos de zimbabuenses.
Grupos bancarios británicos, como Barclays o Standard Chartered, están concernidos, al igual que las empresas mineras extranjeras Impala Platinum, AngloPlatinum o Rio Tinto.
«Para los extranjeros es una señal que les dice que no es un país en el cual hay que invertir en este momento», estimó Anton Hawkins, profesor de la universidad de Harare.
«El denominado gobierno de unión está profundamente dividido por esta regulación y hay muchas incertidumbres sobre la forma que tomará», agregó.
El presidente Mugabe, de 86 años y en el poder desde la independencia en 1980, la presenta como un medio de «corregir las desigualdades heredadas del pasado colonial» de Zimbabue.
Según Mugabe, está destinada a luchar contra los «buitres neo-imperialistas» que quieren «el oro, el platino, los diamantes, el uranio y la tierra» de los zimbabuenses.
Su ex rival Morgan Tsvangirai, primer ministro desde hace un año, asegura que el decreto fue publicado sin su conocimiento y obtuvo que la ley sea reexaminada por el gobierno.
Tsvangirai teme que la ley haga huir a los inversores extranjeros, justo en momentos en que la economía empieza a recuperarse lentamente tras años de desastre.
Su partido, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), también acusa a Mugabe de querer adueñarse de las últimas riquezas del país, tras la reforma agraria de 2000 que provocó la partida en medio del caos de más de 4.000 propietarios agrícolas blancos.
Esas tierras fueron redistribuidas entre pequeños campesinos sin recursos y, a menudo, miembros del partido presidencial, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (Zanu-PF).
«La Zanu-PF quiere crear un nuevo espacio para saqueos y abusos», acusó el MDC en un comunicado.
«Los «indígenas» que se beneficiarán de esta ley criminal no serán los hombres y las mujeres ordinarios de nuestro país, sino una elite bien conectada», aseguró.