El Congreso de los Diputados español aprobó hoy la Ley de la Memoria Histórica, un gran proyecto del gobierno socialista para rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Los diputados lo adoptaron por 324 votos a favor y los votos en contra del principal partido de oposición, el Partido Popular (PP, conservador), por estar en contra de la ley, y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por estimarla demasiado débil.
El partido socialista en el gobierno tuvo que negociar a la baja el texto de la ley durante meses debido a las fuertes diferencias entre los partidos y para cumplir su objetivo de adoptarla antes de que terminara la actual legislatura.
La ley, que debe ser ratificada por el Senado, reconocerá y aumentará los derechos de los perseguidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
Declarará ilegítimos, aunque sin anularlos, como pedían algunos partidos, los «tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos» de la Guerra Civil que dictaron juicios sumarios por motivos «políticos, ideológicos o de creencia religiosa».
Asimismo obligará a retirar los símbolos de la dictadura, creará un centro de documentación sobre este período, despolitizará el Valle de los Caídos, donde está enterrado Franco, y aumentará las ayudas a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
La ley pretende «reconocer e incrementar los derechos» de los que fueron perseguidos durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco, además de conservar los documentos vinculados a este período, según el texto del proyecto.
Tras meses de negociaciones entre los grupos políticos en el Congreso, los socialistas obtuvieron el apoyo de ERC, los nacionalistas moderados catalanes de CiU y vascos del PNV, y el partido de izquierdas IU-ICV.
La ley declarará ilegítimos, aunque sin anularlos, como pedían algunos partidos, los «tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos» constituidos durante la Guerra Civil (1936-1939) para imponer condenas en juicios sumarios por motivos «políticos, ideológicos o de creencia religiosa».
Además obligará, entre otras medidas, a retirar los símbolos de la dictadura.