La brasa que tienen en sus manos los diputados sigue caliente. Mientras, todos veladamente se muestran a favor de aprobar la ley de libre acceso a la información, aún hay renuncia de grupos parlamentarios que impulsan reformas de último momento.

«Se argumenta mucho de que, por ejemplo, no dar información hace perder, entre comillas, la independencia judicial de las instituciones o que es un secreto de Estado. Lo que esconde detrás realmente, o es corrupción o es una violación de derechos humanos, en donde quiere que se quede en la impunidad un acto delictivo y de ahí­ la importancia de tener una ley de acceso a la información», destaca Helen Mack de la Fundación Myrna Mack.

Opiniones como la anterior, por el actual debate de la ley en el Congreso de la República, han dejado malestar en la piel de algunos funcionarios; sin embargo la iniciativa y su dictamen ya avanzaron un primer escalón, de tres que son necesarios, para que se convierta en ley de observancia general y obligatoria para las instituciones del Estado y sus funcionarios, con intención de algunos que también alcance a la empresa privada.

Sin embargo la polémica alcanzó debates invisibles que, gracias a los medios masivos de información, la población puede conocer, valorar y sacar conclusiones de primera mano, de donde surgen aspectos que hace 25 años pasaban desapercibidos o permanecieron ignorados totalmente.

Dudas sobre el manejo de la riqueza del Estado siempre hay, malestar por la solicitud de rendición de esas cuentas también; ejemplos claros se dan en el Congreso de la República, en donde, cada año, cuatro meses antes de finalizar actividades anuales el parlamento, se empieza a discutir el tema sobre el presupuesto de ingresos y egresos, con el que se irán revisando las ejecuciones institucionales que pueden llegar a confirmar o desvanecer todo aquello que no presente claridad en el gasto.

El mismo secretario de la Paz, Orlando Blanco, o Carlos Barreda, actual viceministro de Finanzas en el pasado, actores en organizaciones no gubernamentales durante los gobiernos de ílvaro Arzú, Alfonso Portillo y de í“scar Berger, fueron fiscalizadores y activos opositores a la forma de cómo se fueron administrando los fondos del Estado.

La misma Acción Ciudadana, cuando se discute el proyecto de presupuesto para el año siguiente, llega al parlamento para señalar que las municipalidades son las instituciones que presentan mayor incógnita del cómo manejan y en dónde invierten o dejan de invertir los impuestos que reciben de los contribuyentes y los aportes que le traslada el Gobierno.

El ciudadano común tuvo conocimiento y sigue manejando la opinión de los recientes escándalos financieros en el Organismo Legislativo y la famosa cifra del supuesto jineteo de Q82 millones, como ha sido calificado por algunos polí­ticos de oposición.

Qué decir de la administración de Marco Tulio Abadí­o al frente de la Contralorí­a de Cuentas o la Superintendencia de Administración Tributaria y con él las triangulaciones de fondos a favor de instituciones como el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y la misma Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), asunto que según sus máximos lí­deres fue desvanecido ante los tribunales de justicia.

Muchos guatemaltecos dicen desconocer cómo está clasificado el sector público y cuántas entidades componen el Gobierno central, descentralizadas no empresariales, autónomas, empresas públicas nacionales, gobiernos locales, financieras del Gobierno central, las que superan las 400, incluyendo los gobiernos municipales, según dato que aparece en el tomo Dirección Técnica del Presupuesto, Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, tercera edición publicada por el Ministerio de Finanzas Públicas en enero de 2005.