Tres años después de que el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero hablase por primera vez de una política europea en materia de inmigración, la decisión esta semana de la Unión Europea de aprobar una ley común de expulsión de ilegales muestra los avances del bloque en esa materia.
Fue en la cumbre europea de octubre de 2005 en Hampton Court (cerca de Londres), luego de la crisis migratoria registrada en Ceuta y Melilla (enclaves de España en el norte de ífrica), que Zapatero lanzó su idea, recibiendo en aquel momento un apoyo muy reservado de parte de sus socios.
Un año después, la invasión de clandestinos a las Canarias (sur de España, frente a las costas africanas) motivó una nueva ofensiva española que dio como resultado un impulso definitivo a FRONTEX (la Agencia Europea de Fronteras Externas), y el inicio, dificultoso, de tareas conjuntas de patrullaje en aguas del Atlántico y el Mediterráneo.
Desde entonces, los 27 países de la UE han ido trabajando lentamente en un enfoque global del fenómeno migratorio que tenga en cuenta no sólo medidas de seguridad reforzada par frenar a los ilegales, sino también el fomento de acuerdos de cooperación, desarrollo y readmisión con los países de origen y tránsito.
De todos modos, es el capítulo de seguridad el que avanza con mayor rapidez, como quedó demostrado esta semana con la aprobación por parte de los ministros del Interior de los 27 de la denominada «Directiva Retorno», que establece reglas comunes de expulsión de los clandestinos.
Duramente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y por algunos partidos políticos por su carácter represivo, la nueva ley obliga a las autoridades nacionales de los países de la UE a elegir entre legalizar a los inmigrantes ilegales o expulsarlos.
Esta expulsión o «alejamiento» debe ser «dentro de lo posible voluntario», aunque en caso contrario se reconocerá el uso de la fuerza como una necesidad, con la posibilidad de recurrir a un periodo de detención de hasta 6 meses (18 meses para casos extraordinarios).
La ley aprobada por los 27, que aún debe recibir el aval del Europarlamento a mediados de junio, garantiza además una asistencia jurídica mínima y el respeto de los derechos de los menores, también incluidos en la iniciativa.
«No hay política creíble en materia de inmigración si no hay repatriaciones. El mensaje es claro, quien entra ilegalmente será reenviado a su país», indicó la secretaria de Estado española en Inmigración, Consuelo Rumi, al justificar la propuesta.
Tras este «avance», el próximo paso de la historia sería el «pacto europeo de inmigración y asilo» impulsado por Francia y que debería ser aprobado durante su presidencia de la UE, que se inicia el 1 de julio.
Ese pacto, objeto ya de arduas negociaciones con España y otros socios, tendría como ejes un «contrato de integración» que incluye el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a Europa, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales y una política común de asilo.
Está claro sin embargo que el camino no está libre de obstáculos y que los disensos son grandes, como lo mostró el reciente encontronazo diplomático entre España e Italia por las medidas del gobierno Berlusconi contra los clandestinos, resuelto días más tarde.
«Tenemos que combatir con mayor eficacia la inmigración clandestina y el camino mejor y más eficaz pasa por la cooperación con sus países de origen. Las leyes no disuadirán a los inmigrantes ilegales, sí lo hará el desarrollo económico de sus países», advirtió el jueves Zapatero, que espera ver una política común europea en inmigración «de aquí a cuatro o seis años».